Los becarios de Yolanda

Ni al rector ni a las empresas les gusta la medida del Gobierno que obliga, desde el 1 de enero, a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios. Efectos prácticos tendrá pocos en Salamanca porque la institución académica ha decidido asumir prácticamente los gastos, pero imagino que en otros sitios, los perjudicados, sin duda, serán los alumnos que se quedarán sin poder realizar la parte de su aprendizaje que más le va a reportar para completar sus estudios. Deberían ser obligatorias en todos los grados universitarios o de Formación Profesional.

Dice Ricardo Rivero, con mucha razón, que la decisión solo sirve para inflar las cifras del número de cotizantes a la Seguridad Social, cosa que a este Gobierno se le da muy bien. Ya cambió la forma de contar los parados: no aparecen los fijos discontinuos, es decir las personas que están un tiempo trabajando y otro no. En este tipo de contrato indefinido intermitente los trabajadores son contabilizados como afiliados cuando trabajan y en las épocas que no, no se consideran parados registrados.

Yolanda «Ertes», la vicepresidenta comunista de Sánchez, tuvo que posponer la decisión por el enfado de las universidades españolas, aunque el que daba la cara era el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Los sindicatos, en cambio, trinaban porque ya lo habían acordado con ellos.

La decisión salomónica de aplazarla ya no se puede posponer más, pero las instituciones académicas no encuentran una razón lógica, más allá de seguir maquillando las abultadas cifras del paro, sobre todo el juvenil.

El rector de la Universidad de Salamanca se lo dijo bien claro al Gobierno la semana pasada: »Para el sistema universitario español esta medida tiene un gran número de trastornos, dificultades y cargas y no está claro cuál es el significado más allá de las estadísticas».

La vicepresidenta comunista se ha empecinado en sacar adelante una más de sus inexplicables medidas para sacar pecho de unos datos que son tan ficticios como ella. No es solo una cuestión del rector salmantino, cuya universidad cuenta con 7.000 alumnos en prácticas tanto curriculares como extracurriculares. Ha generado también incertidumbre y malestar en las empresas e instituciones, que son imprescindibles para formar a los mejores.

La vicepresidenta comunista, bendecida y encumbrada por Pedro Sánchez, también se ha negado a endurecer las percepciones por desempleo para los que rechacen una oferta de trabajo considerada adecuada para ellos.

Andalucía le ha exigido ahora a Yolanda que haga cumplir la ley, pero los empresarios salmantinos ya se lo pidieron en verano porque están hartos de comprobarlo. Algunos prefieren seguir cobrando el paro a ponerse a trabajar, por ejemplo, en la hostelería o en la construcción.

Que un parado pueda perder la prestación por desempleo está recogido en la ley, pero no se cumple o no se vigila o prefieren mirar para otro lado. Es una infracción grave rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada.

Todos conocemos casos concretos de personas que han rechazado reiteradamente ofertas de empleo porque no les compensan. Entre lo que cobran de las arcas públicas y algún que otro trabajillo bajo cuerda, no les interesa para nada aceptar un trabajo con un horario. Todos estos éxitos se los puede atribuir la vicepresidenta comunista.