No debemos perder la perspectiva. Que los árboles de la propaganda gubernamental no nos impidan ver el bosque de la cruda realidad. Estamos ante un nuevo pago de Pedro Sánchez a sus socios golpistas catalanes y no ante una operación para mejorar la financiación de las autonomías. Se trata simple y llanamente del pago por la permanencia en el poder, una más de las muchas prebendas que el inquilino de La Moncloa viene concediendo a Puigdemont, Junqueras y el resto de los independentistas a cambio de sus votos.
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La condonación de una parte de la deuda de las autonomías con el Estado ha sido presentada por el Gobierno, los dirigentes socialistas y sus terminales mediáticas como un favor que nos hacen a todos los españoles. Es una táctica tan bochornosa como recurrente por parte del sanchismo: te atraco y encima intento convencerte de que te hago un favor.
Siguiendo las consignas de Ferraz, el senador salmantino Fran Díaz así lo aseguraba esta semana en declaraciones a LA GACETA: «Castilla y León es de las autonomías más beneficiadas, pero Alfonso Fernández Mañueco prioriza la sumisión a Génova». El argumento es tan burdo y falaz como la justificación de la amnistía, que para los socialistas primero era imposible e injusta, luego era posible pero inconstitucional y al final se convirtió en posible, constitucional y justa. Lo que ellos califican como «un cambio de opinión».
La primera mentira es el concepto. No se nos condonan 83.000 millones a todos los españoles, sino que la deuda pasa de las autonomías al conjunto de todos los españoles, que tendremos que pagarla con más impuestos y/o menos sanidad, educación y otros servicios. Por eso hay que tener claro que lo que va a dejar de devolver Cataluña al Estado lo vamos a tener que aportar entre todos.
El otro bulo lanzado por la máquina del fango sanchista es que Castilla y León será de las regiones beneficiadas. Otro embuste que se combate con los datos: si a los catalanes les borran de la cuenta 17.100 millones de euros y a los castellanos y leoneses 3.600 millones, la diferencia a favor de los primeros es de 13.500 millones. Para que se hagan una idea de la cuantía del atraco, esa suma supone trescientas veces más de lo que invierte cada año el Gobierno sanchista en Salamanca (alrededor de 40 millones). Estamos hablando de la inversión del Estado en nuestra provincia durante tres siglos.
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Si consideramos el reparto de la «condonación» por habitante, a un catalán le perdonan 2.150 euros y a un castellano y leonés 1.500 euros. Una diferencia sustancial a favor de los desleales. Y eso sin tener en cuenta la solidaridad a la que obliga la Constitución (artículo 156) en la financiación autonómica. Solidaridad que implica dar más al que menos tiene, porque con esta política del Gobierno de sobrefinanciar a una de las regiones más ricas, la distancia con las pobres se agranda.
Los populares no han caído en la trampa. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, atinaba al asegurar que con este nuevo truco «Sánchez solo busca contentar a un prófugo de la justicia para sostener al Gobierno». Y la decisión de las autonomías gobernadas por el PP de abandonar ayer la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera representa, por fin, una actitud valiente y consecuente, un golpe de Feijóo encima de la mesa. Negociar con este Gobierno de trileros no tiene sentido, ni de Estado ni común. Quedarse hubiera sido colaborar en el atraco. Podemos resignarnos a que nos roben, porque Sánchez tiene la llave de la caja fuerte, pero contribuir a la burla… eso ya no.
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