¿Una Benemérita más grande?

El nuevo responsable de la Comandancia de Salamanca, el teniente coronel Arturo Marcos, pidió «lealtad, profesionalidad y sacrificio» a los 860 guardias civiles que trabajan en los 32 acuartelamientos de la provincia y se fijó como objetivo «hacer un poquito más grande» a la Benemérita. Un compromiso loable pero un tanto utópico si tenemos en cuenta que el Cuerpo no pasa por sus mejores momentos en España, con un Gobierno que, más que apoyar a la Guardia Civil, parece que la persigue.

Ayer mismo había un centenar de agentes, tanto de la Benemérita como de la Policía Nacional, manifestándose ante el Congreso para protestar por la cesión a los Mozos de Escuadra catalanes de las competencias en fronteras y en inmigración. Los dirigentes del Sindicato Unificado de Policía y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles acusaban al Ejecutivo sanchista de «vulnerar las leyes, ceder a chantajes partidistas y arriesgar la seguridad nacional». «Si nadie pone freno a esto serán los propios agentes y los ciudadanos e instituciones que les apoyen los que acaben con esta locura, siempre dentro de la legalidad», decían los guardias y policías en un comunicado.

Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado están que trinan con Sánchez y Marlaska. Tanto es así que están dispuestos a acudir a la Justicia para que respondan por sus actos ante lo que consideran «un atentado a la Constitución».

Y es que la cesión de competencias prevista por el Gobierno en cumplimiento de las órdenes del delincuente fugado Puigdemont constituye solo el último eslabón de una cadena de decisiones encaminadas a expulsar a la Guardia Civil de Cataluña, Navarra y el País Vasco. El Ministerio de Marlaska ha accedido a las exigencias de los proetarras vascos y de los separatistas catalanes al sustituir a los guardias civiles de Tráfico de Navarra por policías forales y al eliminar los grupos de montaña de El Roncal (también en Navarra) y en Puigcerdá (Gerona), así como los grupos de expertos en explosivos GEDEX de Álava, Guipúzcoa y Lérida. Cientos de agentes obligados a trasladarse junto a sus familias porque así le apetece a los enemigos de España y amigos de los asesinos.

El desprecio del Ejecutivo socialcomunista por la Benemérita ha provocado episodios como la tragedia de Barbate, donde dos agentes murieron en una patrullera neumática cuando fue arrollada por una superlancha de narcotraficantes, enviados a una misión que sus compañeros calificaron de suicida. Sánchez nunca dio el pésame a las familias, como sí ha hecho con Bildu cuando se suicidó un etarra en la cárcel. Ayer mismo responsables de la AUGC exigían más medios y más agentes para luchar contra el narcotráfico que se ha enseñoreado de la costa andaluza.

En la misma línea apunta el abandono del Gobierno a la Benemérita tras la masacre durante el salto a la valla de Melilla en 2022 o su habitual condescendencia con los actos de odio a policías y guardias civiles en País Vasco y Navarra. Y a todo eso se suman las reivindicaciones históricas de sustitución del material viejo y precario con que se les dota, el desequilibrio salarial y el no reconocimiento como profesión de riesgo.

Con razón protestaban policías y guardias civiles hace un año en ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. «Estamos cansados de ser maltratados por un ministro del Interior que en lugar de cuidar los cuerpos de los que es responsable nos abandona», decían entonces, y la situación no ha hecho sino empeorar. ¿Una Benemérita más grande? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy…