Se cumplen cinco años de aquella pandemia que ahora nos parece una pesadilla, pero fue sin duda el tiempo más oscuro que nos ha tocado vivir a las generaciones de postguerra.
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Lo que comenzó como un brote en China, a finales de 2019, rápidamente se convirtió en una pandemia global que puso a prueba los sistemas de salud, las economías y la resiliencia social. España fue uno de los países más castigados por la Covid, Castilla y León una de las regiones que más contagios y más muertes sufrió a consecuencia del virus.
Y no fue por casualidad. La catástrofe tiene causas y responsables que no han pagado, ni pagarán, por su responsabilidad en las decenas de miles de fallecidos en nuestro país a causa de la enfermedad.
Ya que ayer se cumplía el quinto aniversario del 8-M de 2020 es obligado recordar lo que ocurrió en aquella fecha nefasta. Cuando ya hacía más de un mes desde que las OMS había dado la alerta internacional por pandemia, cuando ya todos en España sabíamos del peligro inminente por el Sars-Cov que estaba invadiendo otros países de Europa, el Gobierno sanchista decidió que, entre la vida y la agitación feminista, prefería la propaganda. Así fue que Sánchez y sus ministros y ministras abanderaron el llamamiento para acudir a las manifestaciones por el Día de la Mujer y esas masivas concentraciones fueron el germen de un contagio generalizado, que nos lanzó a la cabeza de la UE y del mundo en número de contagios.
No debemos olvidar que Pedro Sánchez y su gabinete conocían ya la gravedad de la pandemia y que decidieron sacrificar nuestra salud, nuestras vidas, en el ara del ultrafeminismo. La prueba de la temeridad suicida de su apoyo a las manifestaciones es que casi todas las dirigentes que encabezaban la gran manifestación de Madrid, ministras y responsables de partidos de izquierda, acabaron contagiadas.
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Ese fue el primer crimen y el primer gran error de los muchos que cometió el Gobierno sanchista en la gestión de la pandemia. Luego vendría la incapacidad del Ejecutivo para conseguir medios de protección frente al virus, coronada por el aviso del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que las mascarillas no servían para nada y que solo daban una falsa sensación de seguridad.
No deberíamos olvidar las malas artes y las mentiras descaradas del Gobierno en esos primeros meses de pandemia. Nos dijeron que las decisiones sobre confinamientos estaban avaladas por un comité de expertos… que al final reconocieron que no existía. Ese solo dato debería haber obligado a dimitir a todos los responsables.
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Sánchez cerró el Congreso de manera inconstitucional y se dedicó a gobernar sin ataduras, a su antojo, como un dictador, que es como le gusta. Cuando comprobó que no conseguía frenar los contagios, le pasó el testigo a las autonomías y se desentendió de la pandemia.
Y ahí tomó el relevo la Junta de Castilla y León, con el vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad Verónica Casado al mando de una gestión restrictiva de las libertades y venenosa para la economía, que tuvo como resultado los mismos datos de contagios y muertes que otras autonomías donde había más libertad y mejores condiciones de vida. Hasta que el presidente Mañueco, que había consentido de manera irresponsable el dictado de la pareja de Ciudadanos, tomó las riendas y abrió la mano a salvar la actividad económica y los negocios.
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Visto con la perspectiva de cinco años de distancia, la pandemia fue un cúmulo de mentiras, engaños y errores que, por desgracia, no han pagado sus responsables sino todos nosotros, los ciudadanos.
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