Cuatro décadas después de la aprobación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) nos encontramos ante un panorama inédito en el sistema de financiación autonómica.
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Parece que la prioridad hoy no está en garantizar la eficiencia y la equidad. Tampoco en la corrección de los desequilibrios y las desigualdades territoriales. La vertebración del territorio bajo un criterio de desarrollo y crecimiento económico que garantice la suficiencia y la solidaridad interterritorial estuvo más presente en el siglo XIX que en el XXI. El mapa que dibujaron las Cortes de Cádiz de 1812 y, posteriormente, el proyecto de Javier de Burgos (secretario de Estado encargado de diseñar el mapa autonómico) se basaba en un criterio fundamental: garantizar el equilibrio económico y financiero a partir de los recursos delimitados por cada frontera. Con esta finalidad la LOFCA sentó las bases de un sistema bajo el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía que aspiraba a conciliar la suficiencia financiera con la solidaridad interterritorial.
Sin embargo, no ha sido fácil. Las Comunidades Autónomas de régimen común están condenadas a convivir con otras que, por razones históricas, gozan de un régimen especial y las imperfecciones de nuestro sistema de financiación autonómico son hoy más evidentes que nunca.
Consciente de esta realidad la LOFCA regula el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en su artículo 3 como un organismo orientado a la coordinación de la actividad financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia en aspectos tan relevantes como la política presupuestaria, la inversión pública, o la compensación interterritorial. Sin embargo, el pasado miércoles a propuesta del Ministerio de Hacienda el CPFF nos sorprendía con un acuerdo inédito en su historia: la aprobación de la asunción por parte del Estado de un paquete de deuda de las Comunidades Autónomas por valor de 83.252 millones de euros.
La medida abre por enésima vez la caja de Pandora de la financiación autonómica. Pero esta vez, es diferente. Una condonación de la deuda de estas características impacta negativamente en la disciplina de gasto y, desde luego, introduce el peligroso mensaje de que ante cualquier exceso de gasto las Comunidades Autónomas pueden ser rescatas por el Estado. Sin tener en cuenta que, en realidad, en cierto modo también se están rescatando a sí mismas y, lo que es más importante, posiblemente no bajo el criterio de equidad.
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El criterio para el reparto de esta condonación de la deuda arroja un listado de territorios gravemente perjudicados entre los que figura Castilla y León. Esta condonación penaliza a los territorios que realizaron una buena gestión y no se endeudaron excesivamente y premia a los que acumularon más deuda, desvirtuando por completo los principios fundamentales de equidad, eficiencia y buena gestión económica que deberían imperar en la administración pública a tenor de lo dispuesto en la Constitución y en la LOFCA.
La segunda batalla se disputa en el terreno de la lealtad institucional y de los compromisos adquiridos con el desarrollo de las regiones infrafinanciadas y comparativamente más pobres. El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, no ha tardado en afirmar que «Cataluña recibirá un 87 % más de lo que sería lógico», apuntando que la medida invita a la indisciplina fiscal. En un sentido similar se ha expresado recientemente Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
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Los territorios perjudicados gravemente por esta medida (Madrid, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Extremadura) están alzando la voz apelando a la infrafinanciación que vienen sufriendo desde hace años y se preguntan: ¿Hacienda somos todos? En el caso de la Comunidad de Madrid la pérdida supera los 5.000 millones. La reacción en Castilla y León tampoco se ha hecho esperar. Fernández Mañueco anunció el jueves pasado que si la medida se aprueba en el Congreso de los Diputados, Castilla y León recurrirá al Tribunal Constitucional. De igual modo, se ha expresado la consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, al afirmar que «la medida va a dar más de 300 millones a Cataluña y 30 a Extremadura».
De acuerdo con el Banco de España, Castilla y León cerró el ejercicio 2024 confirmando una tendencia de su deuda a la baja en torno al 18,7% del PIB regional. Muy por debajo del 23,6% de la media autonómica. Los esfuerzos de Castilla y León para alcanzar esta reducción en sus niveles de deuda ponen de manifiesto que se están haciendo los deberes y que la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera progresan adecuadamente en la región. Resulta cuanto menos chocante que no vaya a verse premiada por ello. Una vez más, los esfuerzos no son recompensados.
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Lo esperable hubiera sido quizás que el Consejo de Política Fiscal y Financiera hubiera planteado alguna medida para reforzar un modelo de financiación imperfecto y que a duras penas se mantiene a flote. Cabe preguntarse entonces ¿hacia dónde nos dirigimos ahora?
La concesión de un beneficio tan extraordinario como la condonación de la deuda implica un trato diferenciado y desigual para determinados territorios y marca un antes y un después en las relaciones entre la Hacienda estatal y las Comunidades Autónomas. Ante lo inédito de esta medida aflora el interrogante de si se está allanando el camino hacia una negociación bilateral para un nuevo régimen fiscal con Cataluña o si, por el momento, será suficiente con esta especie de «cupo encubierto» vía condonación de la deuda. Lo cierto es que hoy estamos más lejos que ayer de un sistema de financiación más justo y equitativo. No será fácil curar esta herida.
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(*) Juan Ignacio Leo Castela es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la USAL.
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