Un norte desnortado

Antes de comenzar a escribir sobre la Seguridad Social y las pensiones, conviene recordar lo que a este propósito dice nuestra Constitución en su artículo 41:

«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».

Adicionalmente, en el art. 149.1.17, se garantizan los principios sobre los que se asienta la acción protectora de la Seguridad Social: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Conviene recordar también que son las pensiones el programa de gasto más importante, y es el que afecta al mayor número de personas.

El experto de Fedea Miguel Ángel García acaba de publicar un trabajo referido a datos de 2021 que aborda la distribución territorial de los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Lo pagado en 2021 por pensiones contributivas fueron 26.700 millones de euros en Cataluña, 21.100 en Andalucía y 20.600 en Madrid. En el total de España 145.300 millones. El saldo (cotizaciones menos pagos) más negativo lo tuvo Andalucía (5.600 millones), seguida de Cataluña (4.900 millones). Madrid tuvo un déficit de tan solo 126 millones.

En ese saldo negativo por habitante de 65 años y más, Asturias ocupa el primer lugar (11.200 euros), seguida del País Vasco (8.100 euros), Cantabria (6.800 euros) Galicia (5.900 euros) y Castilla y León (5.600 euros). Es decir, todo el norte de España. Madrid, sin embargo, roza el equilibrio: solamente 103 euros negativos. Conviene subrayar a este respecto que el País Vasco tiene menor cobertura que Andalucía, 0,60 en el País Vasco frente a 0,73 en Andalucía.

En los ingresos y gastos de las pensiones contributivas influyen tres factores: 1) La demografía (distribución de la población por tramos de edad); 2) el mercado laboral (población activa, empleo en número de personas, duración de la jornada de trabajo y estabilidad de la ocupación) y 3) la productividad (salarios y bases de cotización).

Si se analiza conjuntamente la relación entre la evolución del Producto Interior Bruto por habitante y la población, entre 2000 y 2021 las Comunidades que salen mejor paradas son Baleares, Murcia y Madrid.

Lleguemos, de momento, a una primera conclusión: el País Vasco no quiere, ni en broma, salirse de la Seguridad Social española. Y Navarra tampoco. Lo que sí quieren es que seamos el resto de los españoles quienes les paguemos los déficits, que es lo que ocurre ahora.