De mal en peor

Los publicitarios que, siendo multitud, asesoran a los políticos de los diferentes partidos, aconsejan (u ordenan) a sus pupilos que jamás contesten a las preguntas que les hagan sus adversarios ni entren a discutir cualquier asunto que éstos les propongan. Como es evidente, estos consejos no conducen a un debate o a una discusión sino a un auténtico diálogo para besugos en el cual cada loco no se sale de su tema y para él el interlocutor ni siquiera existe. No tengo que aclarar que el cariño que estos asesores tienen por la democracia es tan escaso como descriptible: ni buscan la verdad ni la desean.

Dado que para los nuevos políticos esos publicitarios disfrazados de asesores son los modernos oráculos de Delfos, a los que hay que seguir como los corderos siguen al pastor (o al perro), se llega a una conclusión: el público no puede sacar nada en limpio de una discusión que no existe, pues los discursos de los contrincantes siguen trayectorias que nunca se tocan. Y a este desastre se une el estúpido procedimiento del «y tú más», consistente en descalificar al pecador por serlo cuando éste nos reprocha nuestros propios pecados, de los cuales no estamos dispuestos a justificarnos o a disculparnos… y mucho menos a confesarnos.

Lo que antecede lo escribí hace ya más de treinta años y desde entonces las cosas han ido a peor en el campo político. Así, el miércoles 20 de marzo de 2024 vi en televisión las respuestas de los distintos miembros del Gobierno a las interpelaciones de la oposición. Ninguno de ellos hizo mención alguna a las palabras que se les habían dirigido y ¡todos! se dedicaron a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El novio de Ayuso se llama González Amador y se ha visto maltratado indecentemente por la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los medios afines al sanchismo. Conviene recordar aquí algo de lo escrito por Ignacio Ruiz-Jarabo, que fue en su día director de la Agencia Tributaria: «Tenemos una ministra de Hacienda que ha cometido el grave ilícito de desvelar públicamente los datos secretos de un contribuyente que no eran conocidos hasta entonces. Además, lo ha hecho ante las cámaras de televisión, lo cual implica una evidente constitución de prueba auto inculpatoria. Pero al hacerlo, la propia ministra ha confesado públicamente -de modo implícito pero innegable- que disponía ilegalmente de una información secreta de la que no podía disponer dada la prohibición legal existente al respecto».