Sánchez prepara ya las próximas elecciones autonómicas y para ello está lanzado al ruedo a varios ministros. Por ahora se harán cargo de encabezar la oposición sanchista las ministras y ministros de Educación, de Política Territorial, de Ciencia y Universidades y de Transformación Digital y Función Pública.
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En el caso de Madrid, el ministro se llama Óscar López y lo es de Transformación Digital y Función Pública, una confusa mezcla de la cual este titular me temo que no tiene ni puñetera idea. Como ha señalado Ignacio Varela a propósito de Óscar López, «supongamos que un día, por error, abandona momentáneamente su función de jabalí partidario, decide ejercer de ministro y le toca abordar un problema relativo a la transformación digital con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué gorra se pondrá para la ocasión, la de ministro de España o la de coronel de la tropa antiayusista? Si prioriza una de sus obligaciones traicionará la otra viceversa. En todo caso, su actuación estará inevitablemente contaminada por la sospecha».
Aunque cuando esto escribo no está confirmado, parece que María Jesús Montero encabezará el PSOE andaluz. Esta ama del dinero a las órdenes de Sánchez se convertirá en rival de Moreno Bonilla. ¿Alguien creerá en la objetividad de esta ministra a la hora de financiar a las comunidades autónomas? Desde luego, yo no, y menos después de lo que ha hecho en Jaén, a saber: perdonarle la deuda al ayuntamiento a cambio de que el partido local apoyara la moción de censura del PSOE contra el alcalde del PP.
Y qué pensar de Pilar Alegría, ministra de Educación, quien goza de un sectarismo sin complejos, qué puede hacer para dinamitar al actual Gobierno aragonés. O de Diana Morant, que dedicará los mejores esfuerzos a chamuscar aún más al ya abrasado presidente de la Comunidad Valenciana.
Si el desembarco se consuma, los líderes de la oposición en Andalucía, Aragón, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana seguirán fuera de sus respectivos parlamentos autonómicos. ¿Desde dónde harán la oposición? Naturalmente, desde sus ministerios, desde el banco azul y desde el BOE. Una perversión muy sanchista que transforma la obligación de colaborar que tienen todas las administraciones en enfrentamientos continuos.
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Ninguna ley prohíbe que un ministro en activo sea candidato a presidir una Comunidad Autónoma, pero sí lo prohíben el sentido común y la higiene institucional, porque el conflicto de intereses personales no conduce a ningún buen puerto.
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