La Secretaria de Comercio ha hecho público que en el año 2023 España tuvo un déficit comercial de 40.560 millones de euros, de los cuales 33.080 millones de euros provienen del déficit energético. De estos datos se deduce hasta qué punto resulta necesaria una correcta política energética en España. Y esa política no puede estar en manos de los verdes.
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El notable ingeniero Luis del Rivero, a propósito de la producción eléctrica en España ha escrito lo siguiente : «Cuando en recientes fines de semana recorriendo España hemos visto, con viento, los parques eólicos parados, es decir no conectados a la red, suponiendo que igual sucede con los parques fotovoltaicos, cosa que, sin embargo, no apreciamos a simple vista, nos hace pensar que el crecimiento armónico hacia un sistema eléctrico descarbonizado o liberado de productos de importación está lejos de alcanzarse. […] El almacenamiento energético es la muleta imprescindible para unas energías como las fotovoltaicas y eólicas, con funcionamientos entre 2.000 y 2.500 horas al año frente a una demanda a abastecer de 8.760 horas al año.»
La situación se agravará si se desmantelan las cinco centrales nucleares en funcionamiento que hoy suministran todavía el 20% de nuestra electricidad. Si queremos alcanzar una producción de energía descarbonizada habría que centrarse en las centrales de bombeo, para lo cual existen ya técnicas probadas. Por otra parte, nuestra orografía permite instalar balsas pero para que puedan funcionar esas instalaciones es necesario obtener tres autorizaciones: a) La concesión de caudales y volúmenes del Dominio Público Hidráulico. b) La autorización de conexión a nodos de distribución. c) Los correspondientes estudios medioambientales.
El citado Del Rivero recuerda que en España existen asociaciones de agricultores en cooperativas de gran dimensión que podrían y deberían acceder a la financiación de grandes transformaciones en regadío, y también existe la posibilidad de construir conexiones de cuencas, facilitadas hoy por los avances en construcción de túneles. Todo ello puede ser facilitado por el Dominio Público Hidráulico, que está en manos del Gobierno central, lo que permite una amplia esperanza al porvenir de la economía española, pues puede disponer de energía de fuentes propias abundantes y baratas.
Claro que para hacer posible lo arriba descrito el Gobierno debe sacar de él a tantos verdes como allí habitan, «amantes de la Naturaleza y enemigos de la Humanidad».
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