Los dos grandes partidos han estrenado el año con medidas para tratar de que la vivienda vuelva a ser un derecho, como dice la Constitución, y deje de ser un grandísimo problema como está ocurriendo en los últimos años. Bienvenida sea la política que busca resolver los problemas de la mayoría de los ciudadanos.
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La escasez de vivienda y los precios disparatados en algunas zonas de España llevan años condicionando la vida de mucha gente, sobre todo los jóvenes. Tengo compañeros de trabajo que no pueden aspirar a alquilar y menos a comprar un piso, si no es compartido o con ayuda de sus familias. La oferta es muy reducida y hay listas de espera para arrendar una casa. Y en el caso de la compra, las condiciones bancarias, los impuestos o las entradas hacen inviable el acceso a una vivienda en una zona más o menos razonable.
El problema viene de muy lejos. Pero como suele ocurrir, en muchas ocasiones, la política se pone a resolverlo cuando ya está demasiado generalizado, como para acabar con ello con una simple receta. Este gobierno lleva más de seis años en el poder y hasta ahora ha sido incapaz de dar con la solución. Hace menos de un año, Pedro Sánchez, calificaba de «acuerdo histórico», el alcanzado con sus socios para aprobar la «Ley de Derecho a la Vivienda». Una apuesta por intervenir el mercado que ha acabado por reducir todavía más la oferta y ha acabado elevando los precios.
Ahora la solución al problema de la vivienda se vuelve a topar con el mismo escollo en el que encalla desde hace unos años la política de este país. Por un lado van las comunidades autónomas, que son mayoritariamente del PP, y que además en este caso tienen las competencias, y por otro el ejecutivo central. Y los dos flancos tiran hacia caminos opuestos. El PP apuesta por liberalizar y el gobierno por intervenir el mercado.
Se me antoja difícil apostar todo a una propuesta y desechar la otra de plano. Seguramente en las dos haya elementos que ayuden a resolver el problema. De lo que sí estoy seguro es de que será más difícil acabar con el problema si cada uno va por su lado.
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A mí se me ocurre también algo que no he visto en ninguno de esos dos paquetes de medidas: la descentralización. En un mundo tan globalizado, algunos trabajos se pueden hacer muy lejos de la oficina. ¿Por qué no hay incentivos para que las empresas permitan a sus trabajadores vivir en Salamanca, Ávila o Segovia aunque la sede esté en Madrid? Eso restaría mucha tensión en las grandes capitales que absorben la industria y generaría riqueza en las de alrededor. Y de paso, los jóvenes podrían acceder a una vivienda mucho más asequible y también vivir mejor.
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