Termina la semana de calvario judicial con la que el gobierno y el partido socialista han despedido el año. La Justicia sigue su camino para determinar las responsabilidades penales de cada uno, más allá del ruido mediático que cada caso pueda generar. Me maravilla ver estos días, la facilidad con la que algunos representantes políticos califican el trabajo de los jueces. Muchos de ellos serían incapaces de retener medio tema de las duras oposiciones a la judicatura. Pero allá cada cual, con su falta de pudor. Los señalados piden más pruebas, como si las investigaciones judiciales fueran un mercadillo en el que se decide la culpabilidad o la inocencia al peso. Son decenas, los casos de corrupción que han arrancado por un testimonio, una nota manuscrita, un mensaje o una grabación de unos segundos. La habilidad del investigador está en saber tirar del hilo correcto para desentrañar la madeja, porque lo importante no es el principio sino el fin.
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Pero una de las cosas más llamativas de todo lo que estamos viviendo, es que el ruido judicial está tapando las evidentes responsabilidades políticas ante las que cualquier servidor público debe responder. Desde el gobierno y desde el PSOE se está focalizando todo en el descrédito a los tribunales, para evadir y pervertir el juicio social.
Es evidente que Aldama, entre otras cosas porque él lo ha confesado, ha utilizado su influencia en el gobierno y en el principal partido que lo sustenta para hacer negocios. Empezaron negándole, luego le ridiculizaron y han continuado tachándole de simple delincuente. Y todo ese rechazo ha sido rebatido con fotos, mensajes o conversaciones que ya han demostrado que el comisionista estaba metido hasta el tuétano en las tuberías de Moncloa y de Ferraz.
Ábalos ha sido la mano derecha del presidente del gobierno durante años. Él era el todopoderoso secretario de organización y el ministro con más poder para susurrarle al oído. Y cuando sus andanzas ya eran insoportables, fue cesado. Pero después Pedro Sánchez le volvió a incluir en las listas, como número uno por Valencia, y poco antes de su imputación le prometió un escaño en Europa, para seguir comprando su discreción. Podría seguir con Begoña Gómez y el uso de Moncloa para sus intereses personales. O con el escándalo de las filtraciones con la cooperación necesaria del Fiscal General del Estado. La lista sería muy extensa. Pero al final, la pregunta es la misma. ¿De verdad nadie va a asumir responsabilidades políticas? ¿Está eximido este ejecutivo de esa obligación «in vigilando» que tiene cualquier dirigente público? ¿Nadie es capaz de dimitir? Y luego se preguntan por qué el ciudadano cada vez cree menos en la política.
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