Delincuente nada común

Esta semana Feijóo ha dicho del fiscal general del Estado que su comportamiento es el de un «delincuente común». Se refería el líder de la oposición al borrado de los mensajes de su teléfono en los días de la filtración, que le ha llevado al banquillo. Desde luego, un investigado solo hace desaparecer lo que le podría incriminar y conserva lo que le puede exculpar. Pero eso los jueces también lo saben y la presunción de culpabilidad aumenta al mismo ritmo en el que se destruyen las pruebas, si es que es el caso. De cualquier manera, será el tribunal el que tenga que determinar si ese borrado se hizo para hacer desaparecer evidencias, o por un protocolo de seguridad como ha dicho el afectado.

Sea como sea, las formas sugerirán una cosa, pero en el fondo, si García Ortiz hubiera cometido un delito, estaríamos ante un delincuente nada común. La primera gran diferencia con el resto es tan obvia como el propio cargo que se niega a dejar, por mucho daño que le esté haciendo a la institución. Que el jefe de los fiscales, que tienen que proteger la ley, se la haya podido saltar ya es una anomalía. Pero hay más. La segunda es que sea una persona de su total confianza, la que esté encargada de la acusación en su caso. Una fiscal que, según el testimonio de uno de sus compañeros, pudo estar con García Ortiz manipulando su teléfono móvil, el mismo día del registro de su despacho por la Guardia Civil.

Por si todo esto fuera poco, ahora esa misma fiscal y la abogacía del Estado, perfectamente dirigida, se afanan en anular el registro del despacho de Álvaro García Ortiz. Piden que se borre de la causa, todo el material que se intervino por la UCO de la Guardia Civil. Su defensa sabe que ahí puede estar la piedra angular del proceso y que si consiguen ese objetivo tendrán más cerca la exculpación del acusado. Y como saben que la ventana del Supremo es más complicada, seguramente, acabarán llevando el registro al Tribunal Constitucional, donde les espera Cándido Conde Pumpido con los brazos abiertos.

Por lo tanto, si el inefable fiscal general del Estado hubiese cometido algún delito, no estaríamos ante un «delincuente común», como ha dicho Núñez Feijóo. Ningún funcionario acusado de un delito de revelación de secretos, cuenta con una acusación que no le acusa, con una abogacía del Estado a su servicio y con un as en la manga llamado Tribunal Constitucional. De común nada, de nada. Y eso que Álvaro García Ortiz estudió para dirigir investigaciones, no para torpedearlas.

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