España es un festival

La verdad es que se lo han puesto muy fácil. Con los impuestos de todos los españoles, ha conseguido una entrada que no le ha costado nada y un viaje en autobús a un precio irrisorio, tal y como está ahora mismo la gasolina. Es lo que tiene el famoso Bono Cultural, que favorece la movilidad juvenil hasta cotas insospechadas. Mi prima, la de Toledo, que también tiene una moza en edad festivalera, me comentó que en el Zevra, que se celebró el Cullera a finales de julio, el Bono Cultural cubría incluso parte de las consumiciones, en un intento -imagino- de que la cultura entre de forma espirituosa en el organismo de nuestros jóvenes al ritmo de los compases cansinos de Quevedo.

El rollo festivalero se ha puesto tan de moda que no hay pueblo ni ciudad que se precie que no tenga el suyo. Los hay de proporciones mastodónticas como el Sonorama, el FIB, el Primavera Sound, el Mad Cool o el Bilbao BBK Live. Y también recogiditos como el Granito Rock de Los Santos, que esta semana ha cumplido su treinta aniversario demostrando que goza de una salud de hierro, o de metal, como la música que se escucha en su escenario.

Pero esta proliferación también tiene sus problemas. Ayer, la asociación FACUA - Consumidores en Acción denunciaba que había recibido numerosas quejas de usuarios que habían comprado una entrada para el Salamanca Vive Festival, que iba a celebrarse este próximo 8 de septiembre, y se han encontrado con que se ha cancelado y no han recibido el reembolso de la entrada, a pesar de que el plazo máximo para hacerlo es de catorce días.

La cancelación se produjo a finales de julio por «no haber alcanzado unos mínimos de los objetivos planteados en la venta de entradas». Vamos, lo de siempre, que aunque como cabeza de cartel aparecía Yung Beef, no habían vendido ni un colín. Y es que colocar un concierto de pago en plenas fiestas de Salamanca, con actuaciones gratuitas a tutiplén en la Plaza Mayor y en otros escenarios es cuando menos arriesgado.

¿Recuperarán los casi veinte eurillos que les costó la entrada los pobres chavales que las compraron? Resulta difícil de saber. Al parecer, según denuncia la asociación de consumidores, la empresa responsable de la organización del evento se ha visto obligada a solicitar la declaración de acreedores. Así que a la cola.

Aprovechando esta circunstancia, esta entidad ha reclamado un cambio normativo para que estas empresas que se dedican a organizar festivales deban contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra su cierre. Tanto ese seguro como la creación de un fondo de depósito al que puedan acudir los afectados venían recogidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que se aprobó hace casi cuarenta años. Pero después de este largo periodo de tiempo, ningún partido se ha interesado por desarrollar esta parte de la normativa. Preocupa más que podamos hablar en catalán en el Congreso. Y así nos luce el pelo, de colores para irnos bien camuflados a cualquier veraniego festival.