Trump 2.0: impacto nacional e internacional

En sus primeros días como cuadragésimo séptimo presidente, Trump ha dejado claro el tono que marcará su segundo mandato. Desde su investidura, sus palabras y acciones han ofrecido una imagen contundente de lo que podemos esperar en los próximos cuatro años. Su discurso inaugural fue revelador con un tono que mezclaba prepotencia y advertencias, en el que prometió traer la «edad dorada de los Estados Unidos» y afirmó que «no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más». Tras enumerar las supuestas amenazas y problemas que enfrenta el país y la incapacidad de gobiernos previos para resolverlos, firmó una serie de órdenes ejecutivas que evidenciaron su intención de cumplir las promesas firmemente expresadas en su campaña. Estas órdenes ejecutivas abarcan desde severas restricciones a la inmigración hasta indultos a personas vinculadas al asalto al Capitolio, y otras encaminadas a revertir por completo las políticas de la administración Biden.

La firma de órdenes ejecutivas en el primer día de un mandato presidencial no es algo nuevo; muchos presidentes lo hacen para mostrar su agenda política y reafirmar su poder. Sin embargo, si estas políticas se implementan o no, es otra cuestión. Lo que sí es novedoso es el contenido de estas políticas y las posturas extremas que reflejan. Para quienes dudaban de si las acciones de Trump serían tan radicales como su retórica, estas órdenes ejecutivas han dejado claro que no eran solo palabras.

Desde luego, su presidencia va a tener implicaciones importantes para España, Europa y el mundo. Las medidas relacionadas con la inmigración reflejan una clara tendencia hacia la intolerancia y discriminación, así como una evidente falta de comprensión sobre sus causas y los efectos de estas políticas. Este enfoque agravará los problemas en la frontera, los países de origen y tránsito, y probablemente aumentará las solicitudes de asilo en otros países. Así mismo, Trump ha retirado a los EE. UU. del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de Salud, ha pausado la ayuda al desarrollo durante 90 días, y ordenado reevaluar acuerdos comerciales que, según él, desfavorecen al país, señalando específicamente a México, Canadá y China. También es probable que su agenda incluya acciones como redefinir el papel de los EE. UU. en la ONU y la OTAN, y su implicación en conflictos como los de Israel y Ucrania. Por tanto, cuando Trump afirmó que pondría «a los Estados Unidos primero», implicaba que acercaría más a su país al proteccionismo y la intimidación que a la cooperación. A partir de ahora, la UE y otros actores globales quizás deban reconsiderar a los EE. UU. como un socio fiable para hacer frente a los problemas globales y verlo más como un país centrado en sus propios intereses.

En el actual contexto de la política estadounidense, caracterizado por un alto nivel de polarización, muchos de los que votaron por Trump lo hicieron más por rechazo a la candidata demócrata, Kamala Harris, que por afinidad con sus políticas, algo habitual entre los votantes de ese país en las últimas décadas. También hay otro grupo de ciudadanos que abiertamente defienden sus propuestas. Sin embargo, ninguno de ellos se ha detenido a calibrar el costo que su segunda presidencia pueda tener para la democracia. Trump ha demostrado su disposición a romper con normas democráticas y debilitar los cimientos del sistema, justificándolo por la necesidad de erradicar la corrupción e ineficacia del gobierno. Sin embargo, la historia muestra que tales medidas pueden tener consecuencias devastadoras.

Como ciudadana y politóloga, mi esperanza es que el sistema democrático estadounidense, que ha resistido a presidentes populistas, guerras y crisis durante más de 200 años, siga en pie. Los Estados Unidos fueron pioneros en implementar pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado. Sin embargo, con un Congreso polarizado y un presidente aparentemente indiferente a proteger ese sistema, mis esperanzas para paralizarlo recaen más en el poder judicial. Aunque la Corte Suprema, equivalente al Tribunal Constitucional en España, tiene mayoría conservadora, no significa que deba lealtad a Trump. Los jueces tienen cargos vitalicios y han demostrado independencia en decisiones anteriores. Durante su primer mandato, por ejemplo, la Corte rechazó el veto migratorio a países musulmanes y más recientemente denegó la petición de Trump para bloquear su sentencia en Nueva York, convirtiéndolo en un convicto. Aunque las nuevas órdenes ejecutivas tardarán en llegar a la Corte, algunos jueces ya las cuestionan. Por ejemplo, una orden que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento fue bloqueada al considerarse inconstitucional.

Además de la Corte Suprema, la estructura federal de los EE. UU. actúa como un contrapeso. Si bien Trump puede tener grandes planes para cambios a nivel federal, muchas competencias están reservadas para los estados. Los estados conservadores probablemente apoyen sus iniciativas, mientras que otros se resistirán, llevando los conflictos nuevamente ante la Corte Suprema. Incluso cuando se aprueban políticas federales, su implementación a nivel local puede ser desigual, como ocurrió con los mandatos durante la pandemia de la Covid-19.

Quizá mi perspectiva sea ingenuamente optimista. Sin embargo, nos guste o no, Donald J. Trump fue elegido democráticamente por segunda vez. Tiene un mandato popular para gobernar y no debe cuestionarse que lo haga, pero dentro de los límites del sistema democrático y legal. Ahora mismo, ciertamente hay razones para estar nerviosos, vigilantes y preparados, pero no para entrar en pánico. Aunque Trump ha intentado mostrar su fuerza con cambios radicales, aún no es un dictador con poder absoluto.

(*) Emily B. Carty es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca.