Hace años, cuatro agentes de policía confundieron con un atracador a un inocente ciudadano. Lo arrojaron al suelo y lo esposaron. Le dieron golpes y puñetazos, le pisaron la cabeza contra el asfalto y lo agarraron por el cuello para que no gritase. Varias personas les recriminaron su brutal actuación, pero se identificaron como policías y pidieron que les dejaran hacer su trabajo. Lo llevaron a comisaría. En el traslado, un agente le metió el cañón de su pistola en la boca para que confesara, amenazando con despeñarlo si no lo hacía. Los golpes siguieron en la comisaría hasta que otro agente recordó a los agresores que estaban siendo grabados. El detenido repetía que era hemofílico y que podría morir desangrado. «Más valdría», dijo uno de los policías. Fue desnudado y encerrado en un calabozo. Allí pasó la noche. Al día siguiente, cuando la policía advirtió que se habían equivocado de persona, lo dejaron en libertad sin cargos.
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Los hechos descritos no son ficticios, ni se perpetraron en una república bananera. Ocurrieron en Barcelona, en 2006, y se declararon probados en la sentencia que condenó por torturas y lesiones a tres agentes de los Mossos d'Esquadra. Uno más lo fue por un delito contra la integridad moral. Los culpables fueron castigados con un total de más de veinte años de prisión. Las grabaciones se subieron a YouTube.
Quién sabe por qué motivo, el ministro Ruiz-Gallardón concedió a los condenados un indulto parcial que dejó sus penas en dos años de cárcel, confiando en que los jueces suspendieran su ejecución. Sin embargo, la Justicia no lo estimó procedente, dada la extrema gravedad de los hechos. Por eso, Ruiz-Gallardón debió tramitar un segundo indulto para evitar que los agentes pisaran el presidio. Así fue como unos torturadores salvaron los trastos pagando una mísera multa de 7.200 euros.
Mientras el expresidente Aznar reúne pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Cataluña y prepara su nueva performance unionista, el aspirante Feijóo enfila su personal viacrucis hacia la Carrera de San Jerónimo. No serán sus oponentes quienes lo claven al madero. Allí asistiremos también a la aprobación de una vergonzante ley de amnistía que, por sí sola, obliga a reflexionar si el nuestro es un régimen verdaderamente democrático. Pero que nadie se crea legitimado para pontificar, porque al pobre Montesquieu ya lo ha mancillado hasta el lucero del alba. Me pregunto si daremos algún día con el chamán que dé forma a ese «sugestivo proyecto de vida en común» del que habló Ortega.
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