Un pacto contra la unidad y la democracia

El pacto anunciado ayer entre el PSOE y Junts supone el ataque más grave a la democracia en España desde la Transición y coloca a la nación en una crisis institucional de alcance imprevisible. El contenido de los acuerdos entre el presiente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, coloca al Estado español a los pies de quienes trabajan para destruirlo, atenta contra el orden constitucional y acaba con la igualdad entre los españoles.

El Partido Socialista ha cedido a todas y cada una de las reivindicaciones de los autores del golpe de Cataluña en 2017, sin conseguir ni una sola cesión a cambio, aparte del voto a la investidura, que se confirma como único objetivo de la negociación por parte de Sánchez.

Los términos del infame pacto firmado por representantes de ambos partidos son de una extrema trascendencia cada uno de ellos por separado y en conjunto representan la rendición de España ante las ambiciones y los antojos de los separatistas.

De lo que se sabe de la amnistía, cuya letra siguen ocultando las partes, se deduce que afectará a todos los políticos condenados por secesión y malversación, pero también a los imputados por terrorismo, como es el caso del propio Puigdemont. Lo que se ha filtrado del texto confirma los peores temores, por cuanto se acepta el llamado 'low fare', es decir, se acepta que la Justicia española prevaricó al condenar a los autores del golpe del 1-O y que no hubo justicia en las condenas sino persecución política a los responsables. Además, se otorga al Congreso la facultad de revisar las sentencias contra los cabecillas catalanes, sea cual sea su delito. Eso supone negar que España sea un estado democrático y de derecho, como reza la Constitución, crear una situación de impunidad 'de facto' y acabar con la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El acuerdo incluye negociar un referéndum a todas luces inconstitucional en Cataluña sobre la segregación de esa parte de España del resto del Estado. Y la cesión de Sánchez ante Puigdemont llega al colmo de admitir un mediador internacional que controle el cumplimiento de lo pactado, lo cual coloca al Gobierno que representa a todos los españoles en una posición humillante, al nivel de una dictadura tercermundista, a la vez que eleva a la Generalidad catalana al mismo nivel que el Ejecutivo de la nación, de igual a igual y por encima del resto de autonomías. De hecho, el 'arreglo' al que han llegado PSOE y Junts incluye la búsqueda de una fórmula para reconocer el concepto de nación para Cataluña y País Vasco, un término rechazado expresamente por la Constitución.

Junto a estas inaceptables cesiones en el ámbito político, ambas partes han convenido un paquete de medidas económicas mil millonarias para premiar a Cataluña a cambio de los 14 votos de Junts y ERC en el Congreso. A la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalidad con el Estado se suma la cesión de los trenes de cercanías (con una inversión previa cercana a los 5.000 millones) y el compromiso de avanzar hacia la autonomía financiera de Cataluña, lo que supondría la cesión del cobro del cien por cien de los impuestos, con la ruptura de la caja común de la Seguridad Social y la equiparación con el cupo vasco, que recordemos supone un 'ahorro' anual de más de cuatro mil millones. Además, entre todos los españoles aportaremos ingentes cantidades de dinero para que las empresas que vuelvan a Cataluña los cientos de empresas que huyeron tras el procés. Son miles de millones que harán más ricos a los ricos de los territorios desleales y más pobres a los salmantinos, que como el resto de españoles, recibirán menos inversiones del Estado, pagarán más impuestos y estarán más endeudados.

En conjunto, el pacto con los secesionistas catalanes supone un atentado contra la unidad de la nación, contra la igualdad de todos los españoles y de los territorios agrupados en autonomías y contra el imperio de la ley, y además socava el orden constitucional y el Estado de Derecho, golpea el ordenamiento jurídico y camina hacia la conversión de la democracia en un sistema donde se impide la alternancia política. Un pacto que no solo no contribuye a la convivencia sino que la ataca de raíz porque fomenta el enfrentamiento entre españoles de primera y de segunda.

Todo esto se lo ha concedido Sánchez a Puigdemont y Junqueras a cambio de su investidura, sin que en la negociación haya logrado ni una sola cesión por parte de los enemigos declarados de la España constitucional. La lista incluye todas y cada una de sus exigencias, sin que por el otro lado haya arrepentimiento ni renuncia a la declaración unilateral de independencia.

La oposición liderada por el PP ha reaccionado con firmeza y contundencia, pero también con calma y mesura frente a este inaceptable desafío a la democracia, anunciando una respuesta política y judicial en las instituciones, y llamando a una movilización social pacífica.

Todas las asociaciones de jueces, incluidas las cercanas al PSOE, alertaban ayer de que el pacto quiebra la separación de poderes, mientras que los inspectores de Hacienda avisaban de que la cesión de impuestos acaba con la igualdad y crea comunidades autónomas de primera y de segunda.

Este acuerdo indigno y humillante, que viene a confirmar la preocupación y los temores de las autoridades de la Unión Europea frente a un retroceso democrático en España, obliga a todos los ciudadanos, incluidos los simpatizantes, votantes y cargos del PSOE, a mostrar su rechazo a las cesiones del sanchismo. Ningún diputado o senador socialista con un mínimo de moral debería votar a favor de estos acuerdos que tanto daño hacen a España.

Los salmantinos tendrán este domingo la oportunidad de acudir a una concentración para dejar claro su rechazo a quienes están avanzando en la destrucción de nuestra nación y nuestra democracia y a quien se arrodilla ante ellos solo para seguir gobernando.