El Congreso aprobó ayer la ley de Amnistía que borra los delitos del proceso independentista de Cataluña desde 2011 hasta 2023 con los votos del PSOE y de todos los grupos secesionistas, comunistas y nacionalistas que apoyan el Gobierno de Pedro Sánchez. La aprobación de la amnistía supone poner de rodillas al Estado español frente a quienes intentaron acabar con él, a quienes no solo se les otorga la razón sino que se les pide perdón como si los delincuentes fueran los representantes de la Justicia y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad que no han hecho sino cumplir y hacer cumplir la ley.
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La amnistía da la razón a quienes denuncian la existencia de 'lawfare' en España, una justicia aplicada con motivos políticos espurios para perseguir a los 'honrados' nacionalistas. Al mismo tiempo, la ley aprobada en el Congreso acaba con la igualdad entre españoles porque aparecen un tipo de ciudadanos, los nacionalistas, que no están sometidos a la ley como el resto. El texto aprobado socava los cimientos del Estado al confirmar en sus propósitos a quienes pretenden romper España y destruye la separación de poderes, por cuanto el Ejecutivo impone sus deseos por encima de la ley.
Tal y como defendía el presidente Sánchez hasta un minuto antes de necesitar los votos de Puigdemont, la Ley de Amnistía va contra los principios básicos de la Constitución, que consagra tanto la igualdad de todos los españoles y como la separación de poderes. Al mismo tiempo, lo aprobado ayer coloca a nuestro país fuera del círculo de las democracias plenas, donde no cabe una amnistía como esta, y nos coloca a la altura de las autocracias y de las dictaduras como la de Franco que terminó con un perdón general al llegar la democracia.
La aprobación de un texto elaborado por los propios delincuentes condenados por sedición no busca la convivencia de Cataluña con España, ni conseguirá la «normalización» del conflicto en esa autonomía. Y no lo hará porque los propios beneficiarios de la amnistía han voceado a los cuatro vientos su intención de reincidir. La prueba de que estamos ante una ley hecha a la medida de los delincuentes es que no solo se incluye la secesión y la malversación, sino que el perdón se extiende al terrorismo (si no hay tortura) y a la alta traición (si no hay fuerza o invasión de otros territorios), todo ello para salvar a Puigdemont de la «trama rusa» que le liga con los intentos de Putin por desestabilizar a España.
El objetivo de la ley no es otro que consolidar a Sánchez en el poder. Es el pago por los 7 votos que necesita el presidente del Gobierno para seguir en La Moncloa. Es un cambalache: apoyo en el Congreso a cambio de impunidad y privilegios. Un caso evidente de corrupción política.
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Los mismos dirigentes del PSOE que aseguraban hace unos meses que la amnistía era inconstitucional celebraron ayer la aprobación del texto que les asegura un tiempo más al frente del Ejecutivo. Sin embargo, quienes con más alegría aplaudieron tras la votación fueron los golpistas y separatistas catalanes, convencidos como están, y con razón, de que han conseguido doblegar y someter al Estado español.
Una alegría que, por fortuna, no es definitiva, ya que la Ley de Amnistía tiene por delante un largo recorrido legal antes de entrar en vigor. Para empezar, tras la publicación en el BOE, el Supremo puede plantear una cuestión prejudicial que deberá ser resuelta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con muchas posibilidades de ser frenada por el alto tribunal. A la vez, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, han anunciado recursos al Tribunal Constitucional que también podrían echar por tierra los sueños de victoria de los secesionistas. Y para remate, los fiscales del 'procés' manifestaron ayer su oposición a que la amnistía le sea aplicada al prófugo de Waterloo porque su delito de malversación podría afectar a intereses europeos.
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Ocurra lo que ocurra en los tribunales, el mal ya está hecho. La vergüenza, la ignominia y el deterioro del Estado de Derecho que supone la aprobación de la amnistía de la mano de Sánchez y sus socios pasará a la historia de España como uno de los días más negros de nuestra democracia.
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