Agosto ha comenzado con alta tensión en lo político. Casi todo gira alrededor del marido de Begoña Gómez. Primero, despidió el curso con una rueda de prensa un tanto surrealista, porque no respondió a las preguntas sobre los dos asuntos más peliagudos: el lio que hay montado alrededor de su mujer y el acuerdo alcanzado con la cúpula de los republicanos independentistas catalanes de ERC sobre la financiación «singular» para esa comunidad autónoma. Las bases de este partido político votan hoy si dan el visto bueno a ese pacto. Mientras tanto, ayer aumentó la contestación interna entre los socialistas a lo que se sabe de ese acuerdo. Comenzó el miércoles Page en Castilla La Mancha, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta. Siguieron Lambán en Aragón, alguno de Madrid y Tudanca en Castilla y León. También Felipe González dijo lo suyo; más o menos, que no cabía en la Constitución. Y ayer se sumaron desde Extremadura (el barón que protege al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz) y Adrián Barbón en Asturias, que se había mostrado tibio hasta ahora. La gran duda es si tal y como está el Partido Socialista, convertido en el Partido Sanchista, cabe hablar de rebelión en toda regla o, como ya ha sucedido en otras ocasiones y asuntos de envergadura, la cosa se va a quedar en una operación de fuegos artificiales, aprovechando que estamos en periodo vacacional.

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De lo que sabemos del pacto alcanzado con los de ERC se deduce que Cataluña tendría un tratamiento fiscal-financiero a la carta, a la medida, singular, específico y que se saldría del régimen común imperante en España, con la excepción del País Vasco y Navarra, que van por su lado. Por este motivo todas las Comunidades Autónomas se verían afectadas también, aunque no se haya llegado a un acuerdo general para reformar el sistema de financiación autonómica, asunto peliagudo donde los haya, y que se ha pospuesto una vez sí y otra también a lo largo de los últimos años. Por resumirlo: si el modelo que venían pidiendo los independentistas de Cataluña se trasladase a cada uno de los contribuyentes, los que más ganan dejarían de pagar más, y, además, todos los ciudadanos deberíamos poder solicitar, en teoría, nuestras balanzas fiscales individuales para ver si aportamos a las arcas comunes más o menos de lo que recibimos del Estado por los distintos servicios que nos presta (seguridad, educación, enseñanza, sanidad…). En caso de poner más de lo que se nos devuelve, podríamos argumentar, como los independentistas catalanes, que queremos pagar menos, hasta llegar a un punto de equilibrio y también que nos reintegren una parte de lo abonado de más. Así, a bote pronto, no parece que todo ello sea, ni muy socialista, ni muy solidario, ni muy progresista. Habrá que estar muy atentos a lo que dicen las bases de ERC hoy; también a ver si continúa la «rebelión» en el seno del Partido Sanchista y todo ello sin perder de vista a los de Puigdemont. Lo que suceda afecta a nuestros bolsillos.

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