Cuando todo esto era campo

Residí durante mi primer curso universitario en Salamanca en el piso de una familia que acogía estudiantes. Desde el salón se veía la Plaza de Toros y ahí terminaba la ciudad. Los siguientes años viví en pisos de estudiantes con compañeras de aventuras, desventuras, madrugadas y exámenes. Una de las mayores dificultades, en aquellos años noventa, era encontrar un piso en alquiler para estudiantes, ya que, aunque los precios eran asequibles, los propietarios preferían inquilinos más estables, sobre todo familias. Lógico.

Desde ese momento hasta hoy, todo ha cambiado. Ahora la ciudad se extiende mucho más allá de la Plaza de Toros y los propietarios de los pisos de alquiler prefieren que sus inquilinos sean estudiantes. Su temporalidad limita el riesgo de impagos, como máximo, a un curso. Y también facilita a los propietarios recuperar su vivienda, ya que cuando los inquilinos son personas vulnerables o hay menores, la legislación, acertadamente prevista para proteger a los más indefensos, no cuenta con un mecanismo eficaz para identificar y evitar el abuso. En esas condiciones, los arrendadores prefieren no arriesgarse. El resultado de esta mezcla de factores, finalmente, es que trabajadores mileuristas, personas solas, familias con menores, inmigrantes o perceptores de prestaciones, han pasado a convertirse en arrendatarios no gratos.

Acceder a una vivienda, en alquiler o en propiedad, es una preocupación para muchos españoles. Gobiernos de todos los colores han tratado de remediarlo pero no han encontrado la tecla mágica, posiblemente porque la solución no sea sencilla ni única. En las últimas semanas desayunamos con iniciativas de todo tipo y algunas pueden suponer avances en la dirección adecuada. Incorporar al mercado viviendas de la SAREB, las rebajas fiscales, las exenciones de impuestos, la reducción de trámites urbanísticos e incluso la implantación de seguros de impago pueden dar un impulso. Pero no nos engañemos. En el momento de la decisión, el comprador potencial que no tenga estabilidad laboral no dará el paso. Y los arrendadores que puedan elegir entre un inquilino temporal, para lo bueno y para lo malo, o la incertidumbre de otro que pueda perder su empleo en cualquier momento, no tendrán ninguna duda. Y de nuevo es lógico.

El problema de la vivienda es mucho más que una mera cuestión inmobiliaria. El problema real es el empleo. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99% del tejido empresarial en España y emplean al 70% de los trabajadores, a duras penas consiguen subsistir. Es el problema de la precariedad laboral, de los sueldos bajos y la inestabilidad. Del vértigo a embarcarse en una hipoteca o abandonar el hogar familiar, por la incertidumbre del día de mañana. Porque los últimos años nos han demostrado que todo puede cambiar en un pestañeo. En tanto no tengamos una mayor garantía de estabilidad laboral, cualquier medida centrada únicamente en la vivienda podrá sumar, pero no nos llevará a una solución.

Las cosas parecían más sencillas cuando todo esto era campo.