Europa

España firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1985 y pasó a ser miembro de esta el 1 de enero de 1986. Nos incorporamos entonces a una asociación de Estados que había nacido al terminar la Segunda Guerra Mundial, justamente con la intención de que no volviera a repetirse, pero que a esas alturas era ya mucho más que eso, una realidad económica e institucional esplendorosa. La CEE se convirtió, inmediatamente, en el gran motor del crecimiento de nuestra economía: gracias a las políticas europeas de cohesión territorial, España recibió en veinticinco años más dinero que toda Europa con el Plan Marshall, una auténtica lluvia de inversiones que primero se centraron en las grandes infraestructuras, sobre todo de transporte y medioambientales, y progresivamente se desplazaron hacia la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Pero Europa no solo ha contribuido decisivamente a la transformación social y económica de España en estos treinta años, sino que ha sido además un factor fundamental para asegurar nuestra condición de país democrático, o sea, “normal”, si es que tal cosa puede decirse de algo o de alguien.

Pensamos en ello y pensamos también en logros de la Unión Europea tan irrenunciables hoy como impensables hace años: la desaparición de fronteras y la libre circulación de personas, la movilidad de nuestros estudiantes —lo sabemos bien en Salamanca— a través del programa Erasmus, la moneda única o la reciente supresión del “roaming” en las llamadas telefónicas... Y por todas estas razones, no acabamos de entender el escepticismo e incluso la hostilidad con que a veces se observa la política europea también entre nosotros (aunque, por fortuna, en menor grado que en otros países). Corren malos tiempos para el proyecto de integración europea, zarandeado por los nacionalismos, como lo son también para la democracia representativa, sometida a una grave crisis en todo el mundo. Las instituciones europeas tampoco deben estar exentas de la crítica. Pero nadie, que se sepa, ha encontrado una alternativa mejor a los valores de libertad, democracia, igualdad y derechos humanos que constituyen el fundamento de la Unión Europea. Y por otro lado, para desesperación de todos los populismos que tratan de medrar mostrando la maldad intrínseca de esos burócratas de Bruselas tan alejados de la gente, la realidad sigue sin darles la razón. Por ejemplo, el Brexit, presentado como el camino luminoso de la recuperación de la independencia nacional para los Estados, es hoy una pesadilla, pero no para los europeístas sino para los británicos. Otro ejemplo: las “olas de inmigrantes” que iban a invadir a Europa, y que primero producirían un apocalipsis de refugiados y luego una guerra cultural que arrasaría los valores cristianos de la civilización europea, no acaban de asomar tampoco por nuestras fronteras, al margen de unos cuantos millares de desesperados que huyen de una miseria aterradora. Hay motivos, pues, para seguir confiando en Europa y movilizarse en su favor participando en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Los hay en toda Europa pero los hay aún más en España.