El embudo del coronavirus

El Gobierno central, capitaneado por el estratega maquiavélico Iván Redondo, está logrando su objetivo. Ha hecho pensar a algunos que el problema exclusivo de este país es la COVID-19. Ha jugado magistralmente al despiste soliviantando a los que creen que el estado de alarma y las medidas contra la pandemia son lo único que debilita nuestros derechos. Y, por si fuera poco, ha logrado que sean las comunidades autónomas las que ejerzan de ‘poli’ malo aplicando las dolorosas restricciones. El problema no es que Castilla y León estableciera el toque de queda a sabiendas de que no había respaldo legal pensando en salvaguardar la salud pública. El problema no es que algunos presidentes autonómicos pidan herramientas para confinar en los domicilios a la población. El problema no es ni tan siquiera que el estado de alarma se prolongue hasta mayo (si se fuera renovando cada 15 días). El problema es que nos están dando gato por liebre.

Soy el primero que considero que la responsabilidad individual es clave para vencer al virus. Que es fundamental cambiar nuestra forma de vida durante un tiempo para lograr sobrevivir. Que debemos ir todos a una para salir de esta lo antes posible. Pero ese sentido común no implica que nos quedemos callados ante otras aberraciones que se están cometiendo. Esta semana hemos tenido un buen abanico de ellas. La primera, la versión 3.0 de la ‘ley mordaza’. El primer paso para limitar la libertad de prensa vía orden ministerial y sin pasar por el Parlamento. Meses después de que al general José Manuel Santiago se le escapara aquello de que había que “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”, ha llegado el arma legal para sostenerlo. La herramienta para que los señores Redondo y Oliver decidan lo qué es información veraz o falsa. Terrible. Un paso más hacia la deriva ‘chavista’ de un país ya bastante tocado en cuando a la independencia de sus medios de comunicación se refiere. Por cierto, ¿catalogarán como ‘fake news’ el insultante anuncio de Sánchez de que la vacuna estará en seis meses?

Lo más grave de todo esto es la justificación peregrina que hacen los acólitos del ‘sanchismo’. Da igual que algunos hayan sido viejos ‘susanistas’ como Fernando Pablos. Todos salen al unísono para vendernos las virtudes de la enajenación totalitaria de Sánchez. Ha ocurrido con la demoniaca ‘ley Celaá’. Las hordas socialistas nos han tratado de vender que el español no se arrincona con esta reforma. Que “no afecta a la oficialidad del castellano”, en palabras del propio Pablos. Faltaría más. Lo grave es que una lengua que hablan 577 millones de personas en el mundo se pone al nivel del catalán en Cataluña. Eso es un insulto. Una broma de mal gusto a la altura de la indigencia intelectual de una ministra que lo único que sabe es huir en ‘business’ en un avión. Cobarde. Indecente.

Mucho más grave que no podamos salir a partir de las diez de la noche o que no nos juntemos más de seis personas es la subida salarial indiscriminada a los funcionarios y, por ende, a los políticos. La forma más sencilla de hacerse con un voto cautivo. En un momento crítico en el que solo se debería premiar a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad o militares, el Gobierno tira del populismo más rancio. Respalda a aquellos que no van a perder su puesto de trabajo y deja abandonados a los autónomos y asalariados que se pueden quedar en la calle en cualquier momento. Deleznable.

Esta es la ‘cara b’ del coronavirus. El, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...”. Despertemos antes de que tengamos que pedir permiso para ello.