Ciencia cierta

Se piensa en lo que decían a comienzos de este 2020 virólogos, epidemiólogos y científicos especialistas en salud pública, y en cómo los políticos prefirieron mirar para otro lado, y solo cabe indignarse. Y uno compara la facilidad con la que en el entorno del poder crecen los ejércitos de asesores expertos en comunicación -que al parecer pueden contratarse discrecional y masivamente con fondos públicos sin contravenir norma alguna- con lo que sucede a diario en laboratorios y espacios científicos, y entonces la indignación da paso a la rabia. Porque ahora que parece que una parte de la opinión -la menos contaminada de sectarismo- ha vuelto sus ojos a la ciencia y a los científicos, a la espera de la vacuna que nos devuelva una normalidad digna de ese nombre, conviene que quede claro cuál es la situación de este sector, devastado en los últimos años por el menosprecio tanto político como social.

Sus problemas los resumía así, hace pocas semanas, Rafael Garesse, rector de la Universidad Autónoma de Madrid: “Carrera profesional mal definida, alto índice de precarización, edad media del personal muy elevada, infraestructuras que van quedando obsoletas, gestión burocratizada y anticuada, procedimientos que dificultan la captación y promoción del talento y ausencia de recursos”. Con una irresponsabilidad escalofriante, durante la crisis de 2008, mientras el resto de los países de nuestro entorno aumentaban su inversión en investigación, en España se decidió recortarla. Y cuando las cosas comenzaron a marchar mejor, antes de que la pandemia volviera a arrasarnos, apenas se hizo nada por recuperar lo perdido. El resultado, aterrador, es que el presupuesto dedicado a ciencia en España solo representa el 1,24% de nuestro PIB, mientras que el de la media de la Unión Europea se sitúa en 2,11%. Una desproporción que en ningún caso puede explicarse como consecuencia de nuestro nivel económico, pues tomando la media de la Unión Europea como base 100 la renta per cápita española estaría en los 91 puntos, mientras la inversión en I+D por habitante se quedaría en 41.

La investigación en España se realiza, como es bien sabido, fundamentalmente en las universidades, cuya aportación a la producción científica del país supera el 70% del total. Son estas por tanto las que más sufren la desatención general a la ciencia, igual que soportan otro dato que, aunque se repita a menudo, sigue resultando casi increíble: el gasto de España en educación superior es el más bajo de los 34 países de la OCDE que ofrecen esa información. A pesar de lo cual las universidades son sometidas a menudo a los desaires de la opinión. O se las empuja a que destinen una parte de esos recursos -aquí, en Salamanca, lo sabemos bien- a objetivos que no deberían ser los suyos.

Es urgente que los políticos aprendan que tienen la obligación de proteger al país reforzando sus estructuras científicas. De momento solo han aprendido a decirlo, porque suena bien, aunque tampoco lo dicen muchas veces porque no existe una demanda social muy imperiosa para que lo hagan. Sería necesario pasar de las palabras a los hechos y llevar a la práctica de verdad el anunciado plan de choque para la ciencia y la innovación. Cualquier estrategia de reconstrucción del país a medio o largo plazo debería incluir un incremento sustancial de la inversión en ciencia. Y puestos a hacer propuestas concretas ahí va una, sobre la que existe un alto grado de unanimidad: la creación de un gran programa para la atracción, retención y recuperación de talento, con fondos garantizados y sostenidos en el tiempo. No sería muy costoso, porque está a punto de jubilarse una gran cantidad de investigadores y España ha exportado investigadores a raudales durante la última década, muchos de los cuales regresarían si se les asegurase unas condiciones suficientes para desarrollar su trabajo. Podríamos empezar por ahí. Porque contra lo que dice la canción, sí hay ciencia cierta, no solo ciencia ficción.