Bullying institucional

En un alarde supremacista, que no debería tener cabida en una democracia el secesionismo catalán y sus voceros se han dedicado, en los últimos días, a señalar a un niño de 5 años y a su familia por pedir que se cumpla la ley en su centro escolar. “En Canet queremos clase en catalán”, decía una pintada en la pared del colegio, como si nos las hubiera. “¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño”!, añadió un tipejo y al parecer ex profesor de universidad. “Hay que identificar al niño y hacerle el vacío”, pedían los padres en un grupo de Whatsapp, apoyados por la alcaldesa de Canet.

Toda esa tropa de linchadores no serían nada sin el apoyo del gobierno catalán y la permisividad del central. El independentismo señala y el borreguismo se ocupa del resto. Hace tiempo que el castellano es rechazado en las aulas de aquella comunidad, como todo lo que huele a español. Porque el verdadero objetivo del Govern no es impulsar su lengua, sino arrinconar el castellano para alimentar su extremismo identitario. Y de ahí surgen anomalías como que la cuota del idioma de todos, que además es universal, se decida en los tribunales.

Hace ahora 60 años, una niña llamada Ruby Bridges se convirtió con solo 6 años en la primera afroamericana en acudir a una “escuela de blancos” en Nueva Orleans. La Corte Suprema de los Estados Unidos había declarado la segregación ilegal en 1954, a raíz del caso Brown, pero en los estados sureños se mantenía una fuerte oposición. Por eso obligaban a los niños de color a hacer una serie de pruebas y así poder rechazarlos. Aquella niña tuvo que ir escoltada por un grupo de agentes federales, en su primer día de clase. Seis décadas después, el rechazo y el odio que estamos viendo en Canet tiene peligrosas similitudes con aquello.

Quienes alientan el acoso en Cataluña deberían saberlo. Y el gobierno central y el resto de las instituciones tendrían que evitarlo. Un Estado no puede dejar indefensa a una familia que solo trata de defender sus derechos. Mirar para otro lado es convertirse también en cómplice del buylling, aunque quienes lo impulsen sean los socios parlamentarios. Eso lo saben ya en todos los colegios. Ahora faltan que lo aprendan también en los despachos.