Baremos claros, datos insuficientes

Se trata de un conjunto de exigencias que ponen el listón muy alto y configuran un baremo difícil de superar, en la línea de prudencia y cautela por la que ha apostado el Ejecutivo regional. No es tan duro como el planteamiento inicial lanzado en su día por el vicepresidente Francisco Igea, que planteaba el requisito de cero casos nuevos durante catorce días, pero sí es suficientemente estricto como dejar fuera de Fase 1 por el momento a todas las capitales de la Región, que tendrán serios problemas para pasar por ese estrecho aro que supone no tener más de tres casos por diez mil habitantes en catorce días y a la vez menos de un caso por diez mil en la última semana.

El resto de las condiciones para avanzar en la desescalada dependen directamente de la Consejería de Sanidad de la Junta: desde el número de test PCR realizados en relación al número de casos sospechosos a la existencia de un vigilante epidemiológico por cada cinco mil habitantes, pasando por la disponibilidad de suficientes equipos de protección, la existencia de protocolos de seguridad en las residencias o la figura del coordinador de coronavirus en cada centro de salud.

En este segundo conjunto de requisitos lo que hay que exigir al Gobierno regional es que no se limite a comprobar si existen los medios, el personal y la preparación requeridos, sino que sea diligente a la hora de implantarlos allí donde se necesiten. Sería lamentable que territorios de la Comunidad se quedaran anclados en la Fase 0, teniendo muy baja incidencia de contagios y cumpliendo con los baremos semanales, porque Sanidad no haya desplegado los medios que la misma Consejería exige para proponerlos como candidatos a la desescalada.

Este carácter prudente pero restrictivo de los baremos aplicados en Castilla y León choca con la estrategia más abierta de otras comunidades autónomas donde se hace hincapié más en la capacidad para controlar los nuevos casos que vayan surgiendo, contratando a cientos de trabajadores sanitarios para atenderlos y rastrear su entorno (como es el caso de Madrid), que en el número de contagiados. Esa diferencia puede crear en las próximas semanas una diferencia sustancial en la recuperación de la “normalidad” entre autonomías con similares cifras de pandemia, discriminación que llevaría a un agravio indeseable entre territorios con similar incidencia de la enfermedad. No resultaría comprensible para los ciudadanos que otros territorios con igual o más contagios que Castilla y León vean cómo su actividad social y económica se reactiva mucho antes.

Por otro lado, el acierto de la Junta a la hora de definir los baremos de desescalada queda empañado en parte por el oscurantismo y la total falta de transparencia con que se está llevando el proceso de “selección” de las zonas ‘desescalables’. La Consejería de Sanidad no ha facilitado hasta el momento datos sobre el número de casos detectados por PCR en cada una de las zonas de salud, de tal manera que resulta imposible saber si una ciudad o una comarca están cerca o lejos de cumplir ese objetivo de tres casos por diez mil habitantes en catorce días y uno en la última semana. El Gobierno de Fernández Mañueco debe tratar a los castellanos y leoneses como verdaderos ciudadanos con todo el derecho a conocer cuál es la situación de su localidad en estas dificilísimas circunstancias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los datos fundamentales de incidencia de la epidemia que está afectando de forma tan grave a sus vidas. Por tanto la Junta no puede caer en el mismo defecto de hurto de datos a la población en el que ha caído y sigue cayendo con particular empecinamiento el Gobierno de Pedro Sánchez. Si al Ejecutivo de la nación le pedimos que no utilice, como está haciendo, el estado de alarma para ocultar la realidad de la pandemia y evitar cualquier crítica a sus errores, en el caso de la Junta también cabe exigir la puesta a disposición de los castellanos y leoneses de los datos para saber si están avanzando hacia la salida del túnel.