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Viernes, 3 de mayo 2024, 15:17
La ONU ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y VOX en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista». En el caso de Aragón se ha derogado la Ley de Memoria Democrática y el Ejecutivo impulsa un Plan de Concordia.
Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas «leyes de concordia» que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y VOX gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son «contrarias» a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
«Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y VOX en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte «todas las medidas necesarias» para garantizar «el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de »las graves violaciones de derechos humanos«.
Según explican, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica» y pueden «acarrear límites al acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos» y también pueden «invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen».
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenas de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, han recordado que es deber de «todos los poderes del Estado», incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de «todas las entidades de Gobierno» a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos».
«Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación», esgrime el informe.
Los firmantes del documento son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
El Presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado, en relación con el informe de la ONU que insta a España a tomar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox, que en la Comunidad es una «prioridad política» el «tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción».
«Esa es nuestra principal preocupación», ha proclamado el líder 'popular' durante su visita este viernes al Mercado Central y la zona comercial de Reus con motivo de las elecciones catalanas, en la que ha estado acompañado por el candidato del partido por Tarragona, Pere Lluís Huguet.
Allí, Mañueco ha asegurado desconocer el contenido del informe de la ONU, si bien ha señalado que el documento se leerá con «detenimiento» para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer.
En relación con esta cuestión, el presidente del PP de Castilla y León ha puntualizado que en la Comunidad es una «prioridad» el apostar por los servicios públicos y en especial por la educación, pero también el cuidar de las víctimas.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox que se tramita ahora en las Cortes autonómicas y se ha preguntado quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad.
García-Gallardo se ha referido de este modo a la resolución de la ONU a través de la que ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, tras alegar que pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
El vicepresidente de la Junta ha asegurado tras la celebración de la Jornada de Estudio que el Grupo de los Reformistas Europeos (ErC) ha organizado en Valladolid que ha conocido este informe a través de los medios de comunicación y ha avanzado que está «deseando» poder recibirlo de una manera formal.
«Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución», ha cuestionado García-Gallardo, quien ha insistido en que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión «imparcial».
No obstante, Juan García-Gallardo ha aprovechado para defender la Proposición de Ley presentada en las Cortes, ya que, como ha reiterado, desde su punto de vista es «de justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX. «De eso no nos va a mover la ONU».
No obstante ha señalado que la Ley de Concordia se ha demorado debido a las negociaciones con el PP, algo que se ha hecho con «pausa, serenidad y mucho diálogo» y que ha concluido con un texto «consensuado» que se ha registrado en las Cortes de forma «conjunta», por lo que no vería «razonable» que los 'populares' se manifestaran ahora en contra.
«Considero que las leyes están para actuar en el ámbito de las competencias que en este caso tenemos como comunidad autónoma y nosotros estamos, ambos partidos, totalmente de acuerdo en que nadie debe tener que sufrir el dolor de ver a un familiar enterrado en una cuneta, todo el mundo merece que se respete la dignidad de las personas lo demás son bombas de humo de la izquierda y son maniobras de distracción», ha relatado, tras lo que ha aclarado que desde Vox no se van a hacer cosas «absurdas» como «juzgar» la historia desde las «leyes».
«Lo que vamos a hacer es ofrecer una Ley a la ciudadanía que ampare a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa, nada más y tampoco nada menos», ha zanjado.
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