La Gaceta
Miércoles, 8 de mayo 2024, 15:46
El Pleno del Senado aprobó este miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con mayoría absoluta del PP, respaldado por Vox y UPN. La iniciativa también exige al Gobierno su cese.
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Esta reprobación se incluyó en una moción del PP que insta al Gobierno a proponer la destitución de García Ortiz «por incumplimiento de funciones» y designar a otro para el cargo. La votación tuvo lugar un día después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, solicitando al Consejo Fiscal que decida sobre la compatibilidad de su cargo debido a su relación con Baltasar Garzón, director de una fundación de Derechos Humanos.
Este es el segundo nombramiento revocado por el Tribunal Supremo, pues el mes pasado el Consejo de Ministros llevó a cabo la sentencia que ordenaba la anulación del ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS, emitida por el propio tribunal el pasado noviembre. El Supremo consideró que este ascenso se produjo debido a una «desviación de poder» por parte del fiscal general.
En el debate, el PP ha exigido a Sánchez que destituya a García Ortiz en cumplimiento del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en concreto por el apartado que incluye como motivo de cese el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, de hecho, la senadora María Asunción Mayo ha expresado que el fiscal general ha incurrido en «incumplimientos graves y reiterados», además de mostrar un «servilismo descarado» hacia el Gobierno.
«Si tuvieran solo un mínimo de respeto institucional y decencia, solo con este varapalo ya sería suficiente para que el señor García hubiera presentado su dimisión o el Gobierno hubiera propuesto su cese», ha añadido.
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También ha incluido entre sus argumentos para el cese la «demora» de García Ortiz en acatar las sentencias del Supremo «que no le son favorables»; su «sesgada política» de nombramientos «tan favorable» a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, de la que formaba parte, y haber mostrado «sintonía» con los partidos políticos que acusan de 'lawfare' a la Justicia española.
La senadora ha exigido que, para «restaurar el prestigio de las instituciones», el Gobierno de Pedro Sánchez debe acordar inmediatamente el cese de García Ortiz. «Y mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito», ha concluido.
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Por su parte, VOX, ha demandado la destitución de García Ortiz por «carencia de imparcialidad», «uso partidista» de la Fiscalía y «favoritismo hacia sus fines», mientras que el PSOE acusa al PP de arremeter contra la justicia «siempre que están acorralados por la corrupción» y creen que el ataque se debe a que el fiscal general «sacó a Franco de su mausoleo».
García Ortíz, nació en la localidad charra de Lumbrales en 1967 y pasó a ser el fiscal general del Estado en 2022.
Se formó en Derecho por Universidad de Valladolid, pasando a formar parte de la carrera fiscal en 1998 en Mahón (Menorca). En la isla, ejerció como fiscal coordinador entre los años 2000 y 2002, hasta que se trasladó a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela, para dos años después, tomar el puesto de fiscal especial coordinador de incendios de la Comunidad Autónoma.
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García Ortiz está especializado en Medio Ambiente, de hecho, ya por aquellos tiempos en Galicia apuntó que tras el «90% de los incendios» estaba «la mano del hombre». Su mayor caso en este asunto fue el caso 'Prestige', en el que fue el fiscal encargado de la mayor catástrofe medioambiental en España, que tardó más de diez años en tener una resolución en firme.
Después de su época en tierras gallegas, entre 2007 y 2021 fue fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales a nivel provincial y autonómico.
Entre medias, en 2018, se presentó como candidato al Consejo Fiscal, convirtiéndose en el fiscal más votado para un Consejo que se renueva cada cuatro años. Su compromiso era reducir la distancia entre la Fiscalía General del Estado y el trabajo diario de los fiscales, especialmente de los territoriales. Además de todo esto, García Ortíz fue líder de la Unión Progresista de Fiscales.
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En 2020 fue el momento en el que se convirtió en el número dos de Dolores Delgado cuando el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento, pasando a estar al frente de la Secretaría General Técnica.
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