Podemos pide elevar el SMI a 1.600€, crear una tele pública europea y sanciones a Israel

Podemos plantea en su programa a las elecciones europeas elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.600 euros, crear una radio televisión pública a nivel europea, reconocimiento en términos de documentación oficial de personas no binarias e impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios de la banca, y a la vivienda vacía

Además, en el plano geopolítico reclama acabar con la «subordinación» de la UE con Estados Unidos, cesar la ampliación de la OTAN, promover que Ucrania adopte la condición de estado «neutral», suspender los acuerdos de colaboración con Israel y aplicar sanciones ejemplares por el «genocidio» en Gaza y defender la libre autodeterminación del pueblo saharaui.

En el plano económico y labora, Podemos plantea elevar la recomendación de la Carta Social Europa en lo relativo al SMI para que sea del 75% del salario medio en vez del actual 60%, lo que equivale en España a 1.600 euros.

En materia de vivienda, los morados plantean un impuesto específico a la práctica «especulativa» del 'flipping' (comprar una vivienda para revenderla poco después a un precio mucho mayor), acabar con los privilegios fiscales de las 'socimis' y prohibir que los fondos de inversión puedan adquirir vivienda en la UE.

La formación reclama a nivel europeo la reducción de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales, garantías de crecimiento salarial y limitar las retribuciones de altos directivos, prohibiendo que sean más de 20 veces superiores al salario más bajo.

A su vez, fija la recuperación de la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, exigir la devolución de ayudas públicas a empresas que deslocalicen su actividad en un país e incluir la participación de los representantes de los trabajadores en consejos de administración, con voz y voto. En materia de pensiones, Podemos demanda que se incrementen las prestaciones más bajas para equipararlas al menos al SMI.

Al hilo, se compromete a impulsar una directiva para sacar en régimen de alquiler pisos vacíos en propiedad de bancos, limitar a un máximo del 2% los alojamientos turísticos y crear un Fondo de Responsabilidad Social para proteger a los deudores hipotecarios, financiado por entidades financieras.

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