Irene Montero, obligada a borrar el tweet en el que presentó como un maltratador al ex marido de María Sevilla

Montero ha dado cumplimiento de esta forma a la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que ordenó también a la ministra a abonar 5.400 euros en concepto de intereses de demora y costas procesales a RafaelMarcos por vulnerar su derecho al honor, y le dio un plazo de 20 días para que publique en su cuenta de X (red social denominada antes como Twitter) el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

La ministra publicó en la red social el fallo a las 23.37 horas de este viernes, dando así cumplimiento a esa parte de la sentencia.

Los magistrados dictaron el pasado 4 de octubre un auto de ejecución de sentencia después de que Monteropagara los 18.000 euros de indemnización que fijó el tribunal por presentar a Marcos como un «maltratador».

La titular de Igualdad abonó dicho importe después de que se diera a conocer que la defensa de Marcos había presentado ante el alto tribunal una demanda de ejecución de sentencia para reclamar a Montero que cumpliese con la condena por la que se le obligó a indemnizarle por presentarle como un «maltratador».

Marcos demandó a Montero por las palabras que pronunció el 25 de mayo de 2022 durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y su difusión en Twitter. Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido a Sevilla, la ministra de Igualdad señaló que el Estado tenía «una deuda» con «las madres protectoras» y que éste debía de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».

El exmarido de Sevilla aseguraba en su demanda que en dicho contexto la ministra le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja», alegando que con ello había vulnerado su derecho al honor.

El Supremo le dio la razón recordando que «el honor es un derecho fundamental que protege frente a atentados en la reputación personal, la cual se ve afectada cuando se atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social».

El alto tribunal señaló que, «en el conflicto entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho al honor», «atenta contra la reputación personal atribuir infundadamente a una persona la condición de maltratadora».

En este sentido, explicó que, aunque la libertad de expresión «ampara opiniones o juicios subjetivos que, como tales, quedan al margen de la demostración fáctica, ello no significa que no deba contar con unos hechos que le sirvan de fundamento».

Además, el Supremo hizo hincapié en que en este caso no había «ninguna resolución judicial» que permitiese concluir que el demandante fuese «autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de abusos sexuales en la persona de su hijo», por lo que «la atribución de hechos de aquella naturaleza carece de cualquier base fáctica objetiva».

«Las expresiones que se juzgan no son genéricas, sino que del contexto y de su literalidad cabe deducir que se hace alusión al demandante y que se le atribuyen hechos constitutivos de violencia machista», señaló el tribunal.

En este sentido, precisó que «la razón manifestada del indulto parcial a la expareja del demandante es ser una madre protectora que defiende a su hijo de la violencia machista, por lo que se le atribuyen al demandante episodios de violencia de tal clase».

No obstante, el Supremo recalcó que el indulto provenía del delito de sustracción de menores cometido por Sevilla, «sin conexión exteriorizada con la violencia de género, alegándose genéricas razones de 'justicia y equidad'».