El Gobierno 'se olvida' del gallego y el euskera y pide que el catalán sea optativa en las Escuelas Europeas

El Gobierno de España ha solicitado que los alumnos de origen español puedan solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.

La petición del Ejecutivo español, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes «está dispuesto a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario.

El Gobierno ha realizado esta petición, que se debatirá en una reunión que se celebrará el 13 y 14 de febrero en Bruselas y que no incluye el gallego o el euskera, a la Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas.

Las Escuelas Europeas son centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con el fin de ofrecer una educación multicultural y multilingüe, basada en el aprendizaje por competencias y con una dimensión europea.

Están destinadas a escolarizar, de forma prioritaria, a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE. Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países en los que se encuentran. Ofrecen enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria a través de un currículo específico supervisado por el Consejo de Inspección de las Escuelas Europeas.

Los alumnos se agrupan por secciones lingüísticas y, al finalizar la Educación Secundaria, obtienen el título de Bachillerato Europeo, que les otorga los mismos derechos que los títulos y las pruebas nacionales oficiales de los Estados miembros de la UE.

En su propuesta, el Gobierno recuerda que se han establecido disposiciones específicas para la enseñanza de las Otras Lenguas Nacionales en el caso de alumnos cuyos países de origen tienen más de un idioma nacional reconocido en el sistema de las Escuelas Europeas, como ocurre con el maltés o el gaélico.

En este punto, destaca que la diversidad lingüística es un elemento esencial de la identidad nacional y del sistema constitucional de España: «La Constitución española señala que la riqueza de nuestras diferentes lenguas es parte del patrimonio cultural de España y debe recibir un respeto y protección especiales».

El Ejecutivo justifica que el catalán es un idioma hablado por más de 10 millones de personas «en varias regiones». «Es una lengua activa y moderna, fuertemente presente en la administración, los medios de comunicación, la educación, la actividad cultural y en Internet», precisa.

«Al tener más de un idioma oficial y considerando las características específicas de cada región, los niños españoles reciben una educación acorde. El objetivo es que, al finalizar la educación básica, todos los alumnos alcancen un dominio pleno y equivalente del idioma español y, cuando corresponda, del idioma cooficial respectivo, según lo establecido por la ley nacional de educación», explica.

Para el Gobierno español, la incorporación de otros idiomas en el currículo de las Escuelas Europeas «contribuiría a enriquecer el sistema», en línea con los tres principios básicos que sustentan la política y práctica lingüística de las Escuelas Europeas: La importancia primordial de la lengua materna (Lengua 1); el reconocimiento y compromiso de apoyar las lenguas nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea; y la oferta de un sistema educativo multilingüe que promueva el plurilingüismo.

También, según asegura el Ejecutivo, «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen»; si bien restringe esta propuesta al catalán y deja fuera el gallego y el euskera.

En su petición, el Gobierno equipara el catalán con otros idiomas nacionales y afirma que varias ONL se enseñan en el sistema de las Escuelas Europeas: «Los alumnos procedentes de países que tienen más de un idioma nacional pueden solicitar estos cursos, independientemente de su sección lingüística».

Si esta propuesta es aprobada, los alumnos de origen español podrían solicitar el catalán como Otra Lengua Nacional, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.

En cuanto al impacto presupuestario y la implementación de esta medida, detalla que «serían necesarios pocos espacios adicionales, ya que se podrían utilizar las aulas habituales para este propósito».

El plan de estudios específico diseñado para los alumnos de ONL prevé 90 minutos por semana para Preescolar, Primaria y los primeros tres años de Secundaria, y cuatro periodos en los años cuatro a siete de Secundaria.

«Este es un plan de estudios común que solo necesitaría traducción al catalán, por lo que está listo para aplicarse. La implementación sería gradual a partir del año escolar 2025-2026», concluye el documento.

El reconocimiento del catalán como una lengua oficial de la Unión Europea es uno de los compromisos asumidos por el PSOE con Junts en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; pero este paso requiere una reforma del reglamento de lenguas comunitarias acordada por unanimidad por los Veintisiete, que choca con las reservas de varios países que temen el precedente.

Durante el semestre en que España ejerció la presidencia de turno del Consejo de la UE, el Gobierno aprovechó para incluir la oficialidad del catalán, euskera y gallego en el orden del día de varias reuniones de ministros de Asuntos Generales de la UE, y defendió la especificidad del caso español con tres lenguas regionales cooficiales, planteó una aplicación gradual (empezando por el catalán) y se ofreció a asumir los costes.

Los países más reticentes al cambio del reglamento reclaman antes de volver a abordar este asunto que se pongan sobre la mesa un análisis jurídico sobre la eventual inclusión de lenguas regionales, así como evaluaciones de impacto sobre su coste y su aplicación práctica, aunque por el momento la tarea no está asignada a ningún grupo de trabajo en el Consejo.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, gallego y euskera en los plenos de la Eurocámara, siguiendo el ejemplo de otros acuerdos administrativos que España ya tiene con otras instituciones comunitarias como la Comisión Europea o el Comité de las Regiones de la UE. En este caso, un grupo de trabajo de la Mesa está analizando la petición por encargo de Metsola, aunque no hay un calendario establecido para concluir el proceso.