Se cumplen 20 años del atentado de Atocha

Diez explosiones casi simultáneas tuvieron lugar entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana, hora punta, en cuatro trenes de Madrid, marcando para siempre la historia de nuestro país.

El atentado yihadista fue especialmente significativo también en el plano político, ya que tuvo lugar a sólo tres días de las Elecciones Generales de ese año.

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este domingo a las víctimas proyectando un haz de luz azul hacia el cielo e inaugurando un nuevo espacio de recogimiento en la estación de Atocha en su memoria.

Al atardecer, esta iluminación especial, que se repetirá este lunes, ha recordado a los 192 fallecidos que causaron hace 20 años la explosión de las bombas colocadas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez, así como al GEO Francisco Javier Torrenteras, fallecido a causa de las heridas sufridas cuando siete autores de los atentados se suicidaron con bombas el 3 de abril de 2004 en Leganés.

Previamente, ha sido inaugurado un nuevo espacio de recogimiento en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en superficie, por el que cada día transitan más de 15 millones de personas, tanto madrileños que utilizan el transporte público como extranjeros que desconocen lo que ocurrió en este punto«, para que no se olvide la que es la mayor masacre terrista en suelo europeo.

Un acto al que han acudido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Mariano de Paco, así como la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera, el consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, diputados y víctimas.

Durante su intervención, el consejero de Transportes ha llamado a «no olvidar» este atendado y recordar a las víctimas «de la sinrazón y el fanatismo terrorista». «La mejor manera de combatir las consecuencias del terrorismo es la unión entre los ciudadanos, entre la sociedad civil y las instituciones públicas en la defensa de la vida, la verdad y del bien común», ha recalcado Rodrigo, que ha subrayado que «el terrorismo, por mucho daño que haga y venga de donde venga, nunca podrá romper la unidad de la sociedad frente a la barbarie y el dolor».

Esta nueva área de recogimiento ocupará una superficie total de 2.000 metros cuadrados, cuadriplicando el espacio anterior que era de 400. «Este espacio es una necesidad de recuerdo, un homenaje a todas las personas que sufrieron durante todos esos días, a sus familias, a los heridos y a todos los que fallecieron», ha explicado el consejero de Transportes.

Las paredes del mismo están pintadas de color azul cobalto, el elegido por las asociaciones de víctimas para este entorno, y llevan grabados los nombres de los fallecidos en el atentado del 11 de marzo del 2004 de Madrid, así como algunas de las frases que se podían leer en el monumento, ahora desmontado.

Entre ellas, fijaran mensajes como «no a la violencia»; «todos íbamos en ese tren»; «nunca os iréis del todo»; «no hay camino para la paz, la paz es el camino»; o «por todos vosotros seremos mejores». También se recogen textos en euskera, catalán inglés, francés, portugués, árabe, ucraniano, rumano, polaco, búlgaro y georgiano.

Además, se han instalado 193 puntos de iluminación en el techo que representan a cada una de las personas que perdieron la vida en el atentado.

«Todo ello realizado con la máxima sensibilidad, solemnidad y respeto para las víctimas», ha explicado Rodrigo. «Espero que este espacio sirva para mostrar el comportamiento y sobre todo el compromiso de las administraciones públicas con los ciudadanos madrileños y seguir dando a conocer lo que ocurrió hace 20 años. La gran cantidad de ciudadanos que pasará por este vestíbulo nos ayudará en el objetivo de mostrar y recordar lo ocurrido, sobre todo para que lo conozcan los más jóvenes y todas las generaciones que faltan por llegar. Nunca olvidaremos lo que pasó y siempre estaremos con las víctimas», ha resaltado.

En declaraciones a los medios, Francisco Alameda Sánchez, secretario de la Asociación 11M-Afectados del Terrorismo, ha destacado que la Comunidad ha trabajado en colaboración con las víctimas para realizar este espacio, y que «da más visibilidad» respecto al que había anteriormente.

«Da muchísima más visibilidad, porque ahí antes estaba, no hay indicaciones en toda la estación que dijera dónde estaba, entonces pasaba prácticamente inavertido. Entonces aquí hay una manera que efectivamente se da muchísima más visibilidad», ha subrayado Montserrat, que perdió a su hermana en las explosiones de la calle Téllez y pertenece a la misma asociación.

Finalmente, han remarcado que falta inaugurar el monumento en superficie. «Lo que queda es ahora lo importante, terminar arriba para completar todo esto, que es la memoria muy importante de todo lo que ocurrió, todos estos terribles atentados brutales», han señalado.

El Ejecutivo autonómico destinará este año 15 millones de euros a abonar indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos de víctimas del terrorismo en 2024, lo que supone triplicar los 5 millones de euros del ejercicio anterior.

Además de las prestaciones económicas, el Gobierno regional dedica anualmente 300.000 euros para subvencionar a entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el registro regional o estatal, cuyo objeto es la representación y defensa de los intereses de los afectados, así como a sus familias o personas con quienes conviven.

El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 y ahora juez en excedencia, Javier Gómez Bermúdez, cree que «la sentencia es mejorable» y no fue «redonda» porque no se condenó en primera instancia a Antonio Toro, a pesar de que el Tribunal Supremo le impuso finalmente una pena de cuatro años por tráfico de explosivos.

«Yo tendría que haberme esforzado más, porque si llego a razonar un poco más pues probablemente el Supremo hubiera validado la condena. Entendimos que había pruebas suficientes para condenarlo y nos quedamos cortos», reconoce en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del 20 aniversario de los ataques terroristas, unos hechos que prescriben este lunes.

Gómez Bermúdez, que desde hace siete años ejerce como abogado en el despacho Ramón y Cajal, fue el presidente del tribunal y el ponente de la sentencia que condenó a 18 personas por los atentados que segaron la vida de 193 personas y provocaron más de 2.000 heridos.

El magistrado en excedencia incide en que aunque la propia sentencia «no era redonda», cree que se hizo «un trabajo correcto». Eso sí, asegura que todavía no se explica cómo pasaron por alto la cuestión relativa a Toro. «Yo creo que estábamos tan metidos... Bueno (se me pasó), a mí en particular, que era el ponente y por lo tanto estaba obligado a proponer a los compañeros las tesis jurídicas», añade.

Pese a ese matiz, posteriormente subsanado por el alto tribunal, Gómez Bermudez cree que los hechos quedaron probados de forma clara. Es por eso que lamenta la existencia de las «teorías de la conspiración», que a su juicio «han hecho mucho daño a las víctimas».

«El dolor que sienten por lo que han sufrido, por lo que les ha pasado, se ve encima aumentado por la duda, creada artificialmente. Seguir discutiendo cosas tan absurdas como si ETA intervino, o si había titadine o no... Yo creo que ha hecho mucho daño», afirma.

Echando la vista atrás, Gómez Bermúdez recuerda que los meses posteriores a los ataques «la sociedad estaba dividida» y se crearon distintos bandos, también entre los medios de comunicación. «Hay quien trataba la información más dignamente y quien no. Pero es que las teorías de la conspiración no tienen la más mínima base», insiste.

En esta línea, el letrado lamenta que «todavía existan políticos, la mayoría retirados, que sigan sosteniendo tesis insostenibles». «Es su derecho, son ciudadanos, tienen libertad de expresión; ellos verán. Pero eso simplemente es ya una opinión», añade.

A pesar de todo, veinte años después de los atentados Gómez Bermúdez sostiene que «jamás, ni antes, ni durante ni después de la sentencia» nadie le ha abroncado o reprochado su actuación. «Nadie me ha abordado por la calle , digamos con malas formas, todo lo contrario. Los pocos que se acercan es para preguntarme o darme las gracias. La gente es muy amable», reconoce.

Preguntado si considera que hubo abogados que no actuaron bien a la hora de defender a sus clientes, Gómez Bermúdez señala que le sorprendió que «algunos, muy pocos, eran acusaciones particulares y actuaban como defensas».

«Esto me tenía perplejo», reconoce, antes de indicar que el presidente de un tribunal, en circunstancias así, puede tomar la decisión radical de expulsar del proceso a esos letrados. «Pero si haces eso --se explica-- das una causa de nulidad. Por lo tanto, aguantas el chaparrón y punto, aguantas que las acusaciones pregunten cosas que no están en sus escritos, plantean tesis distintas y no pueden hacerlo».

Con todo, el magistrado en excedencia aplaude el «trabajo magnífico» de la mayoría de los letrados defensores que participaron y «sobre todo», destaca, «los abogados del turno de oficio», para quienes «supuso un sacrificio enorme porque sus despachos los tuvieron que cerrar durante un año y pico», ya que el juicio duró cuatro meses y medio --del 15 de febrero al 2 de julio de 2007--, más el tiempo hasta que el Supremo sentenció en firme, en 2008. «Hicieron un esfuerzo descomunal, mi recuerdo es muy bueno», resalta.

Gómez Bermúdez rechaza que lo vivido en el juicio del 11-M influyera en su decisión de dejar años después la judicatura, señalando que la sentencia la dictó en 2007 y su excedencia voluntaria como se produjo en 2015, cuando fue designado juez de enlace en Francia, dos años antes de pasar a ejercer como abogado.

Sí que admite que tras la sentencia de los atentados y después de la del accidente aéreo del Yak-42, que fue «particularmente dañina» para su futuro en la carrera judicial, quedó «amortizado».

«Yo ya sabía que no iba a llegar al Tribunal Supremo. Y llega un momento en el que decido probar otras experiencias, nada más», asegura, para añadir que no descarta poder volver a la judicatura, un retorno que no se ha dejado de plantear porque se considera «juez de vocación», pero desliza que lo ve «francamente difícil».

Para que lo que pasó el 11-M no quede en el olvido, el ahora abogado considera «imprescindible» que se dé clase en las escuelas. «Alguna asignatura de contenido ético hay que dar a los chicos, y que entiendan lo que es la intolerancia, lo que es el radicalismo, adónde ha conducido históricamente, etcétera», sostiene.

No basta, en su opinión, con recordar los atentados de Madrid o el terrorismo en general en asignaturas tradicionales como Historia, donde cree que se imparten los contenidos de forma genérica. «No me vale con eso», señala, demandando una asignatura que, «a través de la ética, enseñe los comportamientos democráticos, la base democrática», que es «imprescindible».

Sobre si ve a España bien coordinada policial y judicialmente para prevenir nuevos atentados, Gómez Bermúdez hace hincapié en el papel del azar: «Juega como con humor negro, parece una broma ver cómo se conjugan factores para que se produzca, y la mitad son de azar. Son desgracias que ocurren. En todos los atentados, no hay que olvidarlo, hay un componente de mala suerte».

El juez en excedencia señala que en un atentado siempre hay un fallo de seguridad. En este sentido, menciona que en los de Barcelona, en agosto de 2017, no había ningún obstáculo en la calle que impidiera que la furgoneta de los terroristas se colara en las Ramblas y arrollara a muchas personas, así como que «a nadie se le ocurre pensar que nadie tiene 30 bombonas de butano», en alusión a la explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) que usaba la célula yihadista.

«Siempre hay un fallo de seguridad, pero a posteriori es muy fácil prevenir las cosas», advierte, tras recordar que muchas ciudades españolas decidieron, tras el atentado de Niza (Francia) en 2016, poner obstáculos físicos para evitar que en determinadas zonas muy peatonales pudieran entrar vehículos con intención de atentar.

De los 18 condenados por los atentados, tan solo tres permanecen en prisión: Jamal Zougan, Othman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que los tres cumplirán sus respectivas condenas en 2044; los dos primeros se encuentran en primer grado y Trashorras en segundo grado.Los 15 restantes se encuentran en libertad porque ya cumplieron sus respectivas penas. Del total, 8 fueron expulsados a sus países de origen una vez se practicó el licenciamiento de sus castigos. Otro de los condenados, Hassan el Haski, fue extraditado a Marruecos en junio de 2019 cuando cumplió la pena por el 11-M para ingresar en prisión por otro asunto judicial.