L. G.
Lunes, 2 de octubre 2023, 15:14
La Comisión Europea dio su aprobación a la revisión del plan de recuperación de España, que contempla la eliminación del proyecto de establecer peajes en las autopistas, y movilizará un monto adicional de 93.500 millones de euros. De este total, 7.700 millones de euros se desembolsarán como transferencias, mientras que los restantes 83.200 millones de euros se otorgarán en forma de préstamos. A ello se sumarán aproximadamente 2.600 millones de euros destinados al nuevo mecanismo RepowerEU, diseñado para financiar la transición verde.
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Esta nueva asignación se suma a los 37.036 millones de euros previamente entregados a España, y allana el camino para la pronta solicitud de un cuarto desembolso de 10.000 millones de euros.
España recibirá inicialmente 1.400 millones de euros como prefinanciación, equivalente al 20% del total previsto para inversiones, una vez que los 27 Estados miembros otorguen su aprobación en un plazo máximo de cuatro semanas a partir de la presentación de la decisión por parte de la Comisión Europea.
El plan revisado contempla la simplificación de los procedimientos para la obtención de permisos relacionados con la producción de energías renovables y las infraestructuras de la red eléctrica. Además, se incorporan siete nuevas inversiones centradas en energía renovable y la transición ecológica, tales como un sistema de apoyo a la producción y adopción de hidrógeno renovable, así como incentivos para respaldar la cadena de valor de la energía renovable y el almacenamiento de energía, entre otros.
La revisión del plan modifica 52 medidas originales, justificadas por diversas circunstancias objetivas, como las perturbaciones en la cadena de suministro, el conflicto en Ucrania y los impactos duraderos de la pandemia de COVID-19. Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra la eliminación del plan de instaurar peajes en las autopistas a partir de 2024, sustituido por un impulso al transporte ferroviario con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bruselas considera que esta nueva medida mantiene el nivel de ambición y se alinea con las recomendaciones específicas para España en este ámbito.
Fuentes comunitarias han explicado que lo que llevó a la Comisión a aceptar esta sustitución fue la inclusión del transporte por carretera y las viviendas en el sistema revisado de comercio de derechos de emisión, lo que implica que estos sectores asumirán la responsabilidad de pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
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La Comisión Europea ha otorgado una calificación máxima a España en la aplicación del plan, con excepción de un punto relacionado con las 'Estimaciones de costes razonables y plausibles'. Esto último es aplicable a los planes de todos los Estados miembros, ya que Bruselas considera que es imposible realizar estimaciones precisas de costos 'ex ante'.
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