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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes 2 de agosto el real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado el pasado lunes por el Consejo de Ministros, que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras ... de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Este paquete de medidas, que complementa el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el BOE y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas. Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Las excepciones serán en hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes ya que la norma tiene excepciones para que los trabajadores siempre “tengan unas condiciones climáticas adecuadas para el trabajo que tiene que hacer”, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, explicó respecto a las sanciones que podrían darse en el caso de no cumplirse esta normativa que “existe un régimen sancionador que se aplicaría”, pero que la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto serán los gobierno regionales los que controlarán que se cumpla el decreto, aunque ya haya habido voces críticas como Isabel Díaz Ayuso no queriendo acatar las directrices estatales.
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