Calvo defiende reformar la ley para poder responder ante rebrotes sin recurrir al estado de alarma

En una comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, Calvo ha avanzado que estos proyectos de reforma legislativa llegarán al Parlamento "muy rápido" porque la idea sería tenerlos preparados para el otoño próximo, cuando podría llegar algún rebrote.

La vicepresidenta no ha mencionado expresamente ninguna ley en concreto, pero sí ha hablado de "una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado" que el Ejecutivo quiere afrontar "con mucha rapidez", dado que la voluntad del Gobierno es levantar el estado de alarma "en cuanto termine la desescalada", que ha situado, si todo va bien, entre "finales de junio y los primeros días de julio".

"Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución" que regula el estado de alarma. Ahora bien, ha advertido de que para emprender esta reforma el Gobierno necesita un "consenso" con las fuerzas políticas, "que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas permitan reaccionar a las emergencias".

"Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos", ha incidido.

La propia Calvo ha abierto una ronda de contactos con los grupos políticos para sondear su disposición a apoyar una quinta prórroga del estado de alarma de un mes, en lugar de los 15 días habituales que venía proponiendo el Ejecutivo.

El líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a la propia Calvo en una conversación telefónica este lunes pasado que su grupo votaría en contra de esta prórroga. Los 'populares' se muestran contrarios a seguir ampliando el estado de alarma y han propuesto un paquete de medidas alternativo que incluye un plan de desescalada jurídica que apunta a más de media docena de leyes para limitar la movilidad de los ciudadanos sin tener que recurrir a la alarma.