E. P.
Madrid
Jueves, 20 de febrero 2025, 13:19
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Parlamento Europeo está investigando la ley que quiere impulsar el Gobierno para limitar las acusaciones populares, que ha denominado 'Ley Begoña', y su intención de «socorrer a familiares en apuros».
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«Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido, la 'Ley Begoña' para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del fiscal general (Álvaro García Ortiz), imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político. Eso es lo que están haciendo«, ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.
Así, ha afirmado que las instituciones europeas tienen que saber que el Gobierno está «intentando retorcer las instituciones, el Poder Judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación», a la vez que ha cargado contra la decisión del Gobierno de «amnistiar» a los involucrados en los ERE de Andalucía o en el 'proces', así como con el fiscal general de «ahora va de víctima».
«Esto se va a saber en Europa y ya nos encargaremos, aunque me alegro de que dé un paso adelante», ha celebrado Ayuso, quien considera que el Gobierno no puede «quedar impune».
Fuentes del Gobierno regional han informado de que han sido los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo los que han acordado hoy introducir por vía de urgencia dos peticiones ciudadanas sobre «el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España», que llevarán a su análisis por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo.
En concreto, el 23 de enero de 2025 se registró una primera petición contra la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Según el peticionario, esta iniciativa responde de forma 'ad hoc' a investigaciones judiciales en curso que «afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos políticos».
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El peticionario también recuerda que la ley permitiría al Ejecutivo «blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control en manos de un fiscal general cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo».
Por todo ello, pide a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre esta ley por si el Gobierno, «respeta o infringe la normativa europea, la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO». Solicita también que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el oportuno seguimiento de la iniciativa.
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Ese mismo día también entró una segunda petición para denunciar que la reforma de la acción popular «limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas». Además, establece «un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos».
Por otro lado, el peticionario subraya que la nueva causa de abstención «obliga a jueces a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas o participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes. Esto supone un ataque a la libertad de expresión y podría derivar en una persecución ideológica dentro del poder judicial», considera.
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Dado el «riesgo de quiebra del Estado de Derecho», solicita al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue «si la ley infringe el derecho comunitario y los principios democráticos de la UE y que la petición sea remitida a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Constitucionales para su seguimiento».
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