Aprobada una oferta récord de empleo público de más 44.780 plazas para este año

Según ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta oferta es superior a la de 2021 y casi duplica la de 2017, la última que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy.

Montero ha asegurado que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se han aprobado más de 143.000 plazas en cinco ofertas, “más del doble que las que acordó Rajoy en siete años”.

La ministra ha explicado que las 34.151 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público para este año se dividen en 25.471 plazas para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna); 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna), y 1.737 para la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna).

Por su parte, de las más de 10.600 plazas que componen la oferta de estabilización de personal interino, 4.692 plazas son para la Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.

Montero ha explicado que el 27,5% de las plazas que integran la OEP de 2022 van dirigidas a la cohesión social y servicios a la ciudadanía; el 19% a economía verde y sostenible y el 14,6% a la transformación digital. Además, el 20% de la oferta libre de la AGE se destinará a perfiles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La ministra ha resaltado que la OEP para 2022 es fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública y “refleja la voluntad del Ejecutivo” de que las Administraciones Públicas dispongan de los recursos necesarios y de estabilidad laboral.

“El Gobierno, dentro de su ADN más íntimo, tiene el de fortalecer las políticas públicas y para eso se necesitan trabajadores y estabilidad laboral”, ha subrayado.

Montero ha defendido que, desde que Sánchez es presidente, se ha ido aumentando progresivamente la dotación de personal para “revertir los recortes que práctico el PP con la imposición de una tasa de reposición que ha impedido renovar de forma adecuada el personal que se jubilaba, y que ha dado lugar a un enorme precariedad”.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece una tasa de reposición del 110% con carácter general, que se eleva al 120% para los servicios esenciales y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Montero ha afirmado que el objetivo del Gobierno no es sólo reforzar el empleo público, también darle estabilidad. En este sentido, ha recordado que la ley para la estabilización del empleo en las Administraciones Públicas contiene el compromiso de que la temporalidad e en el sector público esté por debajo del 8%.

Dicha norma establece además que antes de junio de 2022 todas las Administraciones Públicas deben tener ofertadas las plazas para estabilizar empleo temporal.

En este punto, Montero ha asegurado que, en el ámbito de la Administración General del Estado, todas esas plazas se van a publicar antes de diciembre de este año y estarán adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024, y ha animado al resto de administraciones a hacer lo propio.

Al mismo tiempo, se ha comprometido a que todas las plazas que componen la oferta ordinaria, tengan publicadas sus convocatorias antes de que finalice este año.

Sobre la negociación con los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios, la ministra ha insistido en que “no hay una fecha concreta” para empezar a hablar de este tema y ha explicado que, una vez pase el verano y se acerque la aprobación de los Presupuestos para 2023, “se intensificarán” las negociaciones y “se podrá poner en valor, con datos más concretos”, cómo quedará la inflación de 2022, pues para 2023 las previsiones apuntan a un entorno del 2%.

Montero ha reconocido que cuando se pactó la subida salarial para este año (2%) no estaba previsto el incremento que ha experimentado la inflación en los últimos meses, pero confía en que este indicador “se module” a lo largo del segundo semestre del año y se pueda pactar con los sindicatos una senda para subir los sueldos de los empleados públicos.

En todo caso, ha dejado claro que ahora mismo la prioridad del Gobierno es combatir la inflación, por lo que “cualquier actuación que acometa” el Ejecutivo va dirigida a no adoptar medidas que puedan convertir una inflación que hoy es coyuntural en algo estructural. “Tendremos que estar alerta para que todas las cuestiones que se hagan tengan en cuenta esa cautela”, ha remarcado.