Ocho castillos y palacios de la provincia en riesgo de ruina por falta de mantenimiento

Se encuentran en Tejeda y Segoyuela, Carpio Bernardo, Navagallega, Cerralbo, Alberguería de Argañán, La Calzada de Béjar, Peñaranda y Mancera de Abajo

TEL

Martes, 29 de enero 2019, 05:45

Ocho castillos, palacios y fortines de la provincia, o lo que queda de ellos, agonizan por la falta de mantenimiento y de un plan que permita impulsar su restauración o, al menos, que frene el avance de las ruinas.En algunos casos la situación puede ser tarde, pero no sucede en todos y hay colectivos que han comenzado a reclamar ya actuaciones para frenar el ocaso de edificios que en su momento acogieron puntos de vigilancia o residencias señoriales. En este caso se encuentran los palacios de don Juan de Toledo, en Mancera de Abajo, o el palacio de los condes de Bracamonte en Peñaranda, al igual que el fortín romano de La Calzada de Béjar, que fue uno de los edificios en inaugurar la Lista Roja del Patrimonio allá por 2007. Similar situación sufren los restos de Carpio Bernardo, el castillo de Santa Cruz de Navagallega o los de Tejeda y Segoyuela, Cerralbo o Alberguería de Argañán. No todos ellos se incluyen en la Lista Roja, pero la situación es grave en todos los casos dada la erosión de la estructura, caída de piedras o estado de ruina total. En la provincia de Salamanca han sido varios los ejemplos que han rescatado de la ruina o el abandono edificaciones similares. Prueba de ello fue el Real Fuerte de la Concepción, que abandonó la lista del patrimonio en declive tras su restauración a partir de 2015. También Montemayor del Río consiguió recuperar el esplendor de su castillo de San Vicente, que es uno de las pocas edificaciones de este tipo que son públicas y de libre acceso (regulado por horarios y la actividad hostelera que lo gestiona). Un decreto del año 1949 asumido por la Ley de Patrimonio Histórico Español estableció un modelo de protección mediante el cual "todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de conservación, se ponen bajo la protección del Estado, que asume la responsabilidad de impedir toda intervención que alterase o pudiera provocar su derrumbamiento". A tenor de los resultados setenta años después, la norma no tuvo efecto ninguno.

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