El traslado de inmigrantes enfrenta a la Junta de Castilla y León con el Gobierno central

El Gobierno de Castilla y León ha dado un plazo de 48 horas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que convoque una Conferencia Sectorial para analizar y poder planificar «juntos» los traslados de inmigrantes desde Canarias tras la «deslealtad» y el «oscurantismo» que ha supuesto la falta de información hasta este momento, una actitud que ha «lamentado y condenado profundamente».

«Exigimos, demandamos que convoquen urgentemente esa Conferencia Sectorial de Inmigración (....) Tiene que ser una prioridad nacional», ha exigido en concreto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha advertido de que, si no se convoca esta reunión en el plazo de 48 horas, la Junta de Castilla y León la reclamará «por escrito».

Blanco se ha sumado de este modo a la reivindicación que realizó el jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de exigir esa Sectorial «a la mayor brevedad posible» para poder planificar juntos la correcta atención a las personas inmigrantes y ha asegurado, además, que Castilla y León se ha enterado «a posteriori» de la llegada «de algún migrante más» de los que «tampoco» han informado, en «la manera habitual de actuar del Gobierno de Sánchez», ha reprochado.

«Queremos saber cuántos migrantes van a venir, queremos saber cómo van a venir, queremos planificar con ellos los recursos y que nos cuenten cuál es la política migratoria que tienen», ha explicado la consejera de Castilla y León en ese llamamiento al Gobierno de la nación a que no siga siendo «desleal» con la Junta, «como lo ha sido hasta este momento», ha reiterado.

Blanco ha definido a Castilla y León como «una tierra de acogida» y como una comunidad autónoma «solidaria» y «amiga» de Canarias que, según ha evidenciado, es parte del Estado español. «Evidentemente a esas personas hay que darles una atención tanto social como sanitaria como educativa, en el caso de que hubiera menores, o de tutela, si son menores no acompañados, que son competencias de la Comunidad Autónoma y que es necesario organizar y que es necesario coordinar», ha explicado y ha precisado que «la actuación más relevante» en estos momentos es la sanitaria.

A esto ha añadido que hay que identificar también si en los grupos de migrantes que han llegado a Castilla y León hay algún menor extranjero no acompañado que, en este caso, pasaría a ser tutelado por la Junta, y ha recordado a modo de ejemplo de la actuación del Gobierno autonómico a este respecto que en la crisis de Ucrania se buscaron recursos educativos incluso con el curso iniciado, algo que ahora no se ha podido hacer porque no han avisado de su llegada.

Isabel Blanco ha rechazado lecciones por parte de un Ministerio, el de Inclusión, que no ha convocado ninguna sectorial desde el año 2018, desde cuando se han registrado dos crisis humanitarias, la de Afganistán y la de Ucrania, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de planificar con el Ministerio los recursos y conocer qué política migratoria tiene.

«Por supuesto, lo que queremos es la mejor atención para esas personas», ha asegurado la consejera en un nuevo llamamiento a la «coordinación», a la «colaboración» y a la «lealtad entre las administraciones».

«La Junta de Castilla y León es solidaria, la Junta de Castilla y León está actuando, la Junta de Castilla y León está atendiendo a esas personas migrantes desde el punto de vista sanitario, de vista social y si hubiera algún menor y fuera necesario escolarizar se atendería desde el punto de vista educativo. Eso no es tibieza, eso es la realidad, eso es actuar», ha sentenciado la consejera a preguntas de los periodistas sobre las críticas de algunos grupos políticos a la tibieza del Gobierno autonómico en sus pronunciamientos sobre la llegada de inmigrantes a Canarias.

Finalmente y preguntada por el vídeo que grabó el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, desde las puertas del Balneario de Las Salinas, en Medina del Campo, se ha remitido en todo momento a las declaraciones del portavoz, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, que se desmarcó de las palabras del vicepresidente que circunscribió al ámbito «personal» o al del partido al que representa, Vox.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, se ha solidarizado con su homólogo de Medina del Campo, Guzmán Gómez, en las críticas de éste hacia el Gobierno de España por la llegada de inmigrantes a la localidad y se ha sumado a su malestar por las formas y la falta de comunicación de la Administración del Estado.

«Imagínense al alcalde de Medina, una localidad con una población de 20.000 habitantes a la que llegan cerca de 300 inmigrantes. Hagan ustedes la regla de tres e imagínense que a Valladolid capital, de la noche a la mañana, de forma precipitada, llegaran unos 3.000», ha comparado Carnero para ejemplificar el malestar del máximo regidor de la Villa de las Ferias tras el alojamiento de los migrantes en el Balneario de Las Salinas.

En el caso de la capital del Pisuerga, el alcalde ha anunciado que son veinticinco los inmigrantes llegados, tal y como se lo comunicó este miércoles la subdelegada del Gobierno, Alicia Villar, a eso de las 21.00 horas.

Los recién llegados se encuentran perfectamente alojados en el Colegio San Viator, a cargo de la ONG ACCEN, si bien Jesús Julio Carnero se ha vuelto a dirigir al Gobierno de España para exigirle que en este tipo de situación actúe siempre de forma «ordenada, coordinada y planificada», requisitos que, según entiende, han brillado por su ausencia en la llegada de inmigrantes a distintos municipios de Castilla y León y de otras comunidades autónomas.

En la misma línea argumental, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, «más allá de disquisiciones políticas» en la que ha preferido no entrar, en alusión al cruce de declaraciones entre el vicepresidente y el portavoz de la Junta, Juan García-Gallardo y Carlos Fernández Carriedo, respectivamente, ha responsabilizado al Gobierno de generar problemas innecesarios ante la inexistencia de un Protocolo de Actuación «para que ante crisis de esta naturaleza todas las administraciones sepan qué hacer y cómo actuar».

En este sentido, el consejero ha indicado que los problemas generados son como consecuencia de esa «falta de información y comunicación» por parte de la Administración presidida en funciones por Pedro Sánchez.

«En los movimientos de personas la vida de éstas es fundamental, y para ello se requiere de unos apoyos e infraestructuras de todo tipo que deben estar preparados», añade Luis Miguel González Gago, quien por eso atribuye al Gobierno «la total responsabilidad de esta descoordinación. Y eso no lo puede negar nadie», ha zanjado.

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