Mañueco tilda de “intolerable” el “ataque” del Gobierno a la Junta con motivo del aborto

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado este domingo de “intolerable” el requerimiento que el Ejecutivo central ha enviado a la Junta para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto, lo que a su juicio es un “ataque” al Gobierno autonómico basado “en mentiras” con la “intención de generar alarma social”.

De esta manera, Mañueco, a través de su cuenta de Twitter, de la que se hace eco Europa Press, responde al requerimiento del Gobierno central “para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE)”. Así, el máximo responsable autonómico insiste en que no se ha aprobado acuerdo “alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios”.

“El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del “Solo sí es sí” que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales”, recoge el documento.

En este sentido, ha señalado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, conoce desde el viernes, “a través de una carta del consejero”, que no se ha tomado “ningún acuerdo que vulnere derecho alguno” por lo que considera “intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social”.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha emitido un comunicado manifestando lo siguiente:

Cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes.

Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley.

Dicho esto, la Junta de Castilla y León utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. La Junta de Castilla y León velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León. Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará este lunes la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España:

- Que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia.

- Que esta Comunidad de Castilla y León tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario.

- Las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias.

En caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que este lunes pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

La Junta de Castilla y León estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.

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