Mañueco rechaza la ley de vivienda y la política intervencionista de Sánchez

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado las “políticas intervencionistas” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas en la futura ley de vivienda, que será llevada al Tribunal Constitucional por parte de los ‘populares’.

A través de su cuenta personal de twitter, el presidente de la Junta ha rechazado el “intervencionismo” de Sánchez y ha recordado que el Gobierno de Castilla y León apuesta por “incentivar, fomentar y ayudar a las personas con más dificultades”

El anteproyecto de Ley de Vivienda que acordaron este martes el PSOE y Unidas Podemos para, entre otras cosas, regular el precio del alquiler ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas, que serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos de esta norma. Así, las autonomías gobernadas por el PP han adelantado que no aplicarán esta Ley de vivienda, mientras que varias CCAA del PSOE han aplaudido el acuerdo, si bien algunas de ellas, como Extremadura, ha avisado de que no tiene “zonas tensionadas”.

Precisamente, uno de los puntos claves de esa ley es la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios.

Es decir, las comunidades autónomas jugarán un papel clave en la implementación de esta ley de la vivienda que el Ejecutivo central quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Es más, muchas de estas comunidades autónomas han recordado al Gobierno central que las competencias en materia de vivienda recalan en los Ejecutivos autonómicos.

Mañueco afirma que desde el año 2015, la Junta de Castilla y León ha ayudado a más de 63.000 familias a pagar la renta de alquiler gracias a la concesión de ayudas por importe de 94 millones de euros y llegando a todos los que reúnen los requisitos.

Para paliar los efectos de la pandemia, la Junta ha reducido la renta en un 50% y aplazado el otro 50% durante 3 años para todos los inquilinos de nuestro parque público de alquiler (estamos hablando de más de 2.500 familias).Para los adquirentes de vivienda pública, ha implantado una moratoria en el pago de las cuotas de compra durante 3 años (hablamos de más de 7.500 familias).

• Temas
• Política