Mañueco anuncia los presupuestos más altos de la historia con 12.835 millones de euros

Unos presupuestos enfocados hacia la recuperación económica y social y centrados en las familias, las empresas y el desarrollo de los territorios y que tienen como objetivo clave el contribuir a la modernización, recuperación y dinamización de la actividad económica.

Las Cuentas para el próximo ejercicio, elaboradas para continuar prestando unos servicios públicos esenciales de calidad, contemplan un aumento del gasto social, que llega al 83% del presupuesto destinado a las consejerías. Promueven la actividad económica, con una subida del 26% en políticas de crecimiento y empleo, a la vez que continúa la apuesta por la bajada de impuestos y tasas, especialmente en el mundo rural, y las inversiones reales suben en todo el territorio y todas las provincias, con un incremento del 39%, ha destacado Fernández Mañueco.

Unos Presupuestos con los que continuar la transformación la transformación iniciada a principios de legislatura, que prestan una especial atención al desarrollo rural, a la lucha contra la despoblación y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, siendo el primer proyecto de Cuentas de la Comunidad alineado con estos objetivos. Son, además, realistas y adaptados al contexto socioeconómico. De cara a 2022 prevén una importante recuperación de la actividad económica, que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 4,9% -frente a la estimación del 7% que hace el Gobierno de España a nivel nacional-, lo que permitirá recuperar las cifras alcanzadas en 2019 e, incluso, mejorarlas.

Además, las previsiones de la Junta indican que el empleo crecerá el 2,4% y la tasa de paro se situará en el 12 %, dos puntos por debajo de la media española. El volumen de deuda pública en la Comunidad descenderá respecto al estimado para 2021, situándose por debajo del 23 % del PIB regional, tres puntos inferior a la media de las comunidades autónomas. Asimismo, el escenario financiero del presupuesto para 2022 respeta la tasa de referencia del déficit establecido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y que se ha situado en el -0,6 % del PIB regional.

El documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que mañana se remitirá a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria, cumple además con los compromisos del pacto de Gobierno, los acuerdos del Diálogo Social y el Pacto de Recuperación.

Las consejerías sociales ya aumentaron sus recursos por la crisis de la Covid19 y ahora se consolida se fuerte crecimiento, ha resaltado el presidente de la Junta, quien ha apuntado que la mayor parte del Presupuesto, el 83%, es gasto social en sanidad, educación, servicios sociales, políticas de familia, vivienda fomento del empleo.

Así, con el objetivo de reforzar la sanidad, tanto en hospitales como en centros de salud y consultorios, es la Consejería que agrupa la partida más alta de todas: suma el 43% del presupuesto.

El presidente de la Junta ha resaltado la apuesta por mejorar la vida de las familias, reforzando la conciliación, con medidas como el Bono Concilia de ayudas a guardería o el Programa Crecemos; la mejora en la atención a los mayores, con medidas como la extensión de la teleasistencia avanzada gratuita o el plan para combatir la soledad. El impulso a la educación pública de calidad, en centros públicos y concertados, contempla entre sus novedades la implantación de la educación gratuita de 2 a 3 años a partir del próximo curso.

Ayudas a la compra, al alquiler y la rehabilitación, así como la ampliación del parque público de viviendas y las promociones propias y el fortalecimiento de las políticas de empleo, con un incremento del 15% forman parte también de la fuerte apuesta social de los Presupuestos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno.

Unas Cuentas que contemplan 2.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica y el empleo, lo que supone un incremento del 26%. Un conjunto de partidas para seguir con la remontada y alcanzar la recuperación, que apuestan por la digitalización, la innovación, la industria 4.0, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

Y con menos impuestos. El proyecto presupuestario refleja también la apuesta del Gobierno autonómico por seguir avanzando en una política fiscal inteligente, moderada, justa y tendente a la bajada de impuestos. De esta manera se incentivará el consumo y la inversión, lo que favorecerá el crecimiento económico, estimulará la demanda interna y servirá para crear empleo. Castilla y León reforzará sus beneficios fiscales e incorporará nuevas bajadas de impuestos como ha venido haciendo y que la sitúan como la cuarta comunidad con mayor competitividad fiscal en el conjunto nacional y la que más ha avanzado en 2021 en atractivo fiscal para captar inversiones, atraer nuevos negocios, aumentar la actividad empresarial y mejorar la competitividad.

A ello se une que Castilla y León ofrece las mejores ventajas fiscales para la natalidad y la familia, tiene la segunda tarifa autonómica más baja en el IRPF y se encuentra entre las tres Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural. Así, para 2022 se incrementarán un 39% los beneficios fiscales destinados fundamentalmente a la familia, los jóvenes, la vivienda y el empleo, alcanzando los 509,1 millones de euros.

Asimismo, la Comunidad seguirá avanzando y reforzando la política fiscal diferenciada de apoyo al medio rural, para lo que se aprobarán medidas fiscales para apoyar la natalidad, la permanencia de trabajadores, autónomos y jóvenes en los pueblos y para ayudar a que los emprendedores pongan en marcha negocios en el medio rural. Estas nuevas ventajas alcanzarán los 15,1 millones de euros de beneficios fiscales específicos para el mundo rural de Castilla y León y superarán los 275.000 beneficiarios.

Entre estas nuevas medidas fiscales se contempla el incremento hasta un 40% respecto a la deducción general en el caso de nacimiento o adopción en el medio rural de Castilla y León para las familias residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes (el 97 % del total de Castilla y León); y la creación de un tipo reducido del 2 % en las transmisiones de bienes inmuebles para negocios que constituyan centros de trabajo en el mundo rural en municipios de menos de 10.000 habitantes o menos de 3.000 si está a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia (el 98 % del total de municipios de la Comunidad).

Además, para apoyar la continuidad de la actividad agraria en el mundo rural y el relevo generacional se establecerá un tipo reducido del 4 % en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias para agricultores profesionales que mantengan la explotación mínimo cinco años; y se aplicará una bonificación del 100 % en los arrendamientos de fincas rústicas en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

La política fiscal del gobierno autonómico también contempla la supresión temporal de la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas de formación, así como la congelación, con carácter general, del importe de tasas que se viene aplicando desde el año 2014. A ello se suma la bonificación al 95 % de las tasas de las licencia de caza y pesca.

Las inversiones directas en el territorio reciben un impulso, hasta alcanzar los 935 millones de euros, lo que supone un incremento del 39%, para contribuir al crecimiento de la Comunidad. Las inversiones a través de transferencias de capital se elevan un 16,5%, llegando a los 1.075 millones; los recursos destinados al Plan de Cooperación Local sube un 29%, hasta los 448 millones y las partidas para cooperación al desarrollo se incrementan un 33%. Un 109% crecen las dotaciones para transporte y la consolidación del servicio gratuito a la demanda y también aumentos en materias de agua y sostenibilidad ambiental.

A la vez que se estabilizarán los gastos corrientes con un aumento moderado del 2,41% y se reducicen en un 7,42% los gastos financieros.

De los 12.835 millones a los que se eleva el Presupuesto, 11.621 millones corresponden a gasto no financiero y 1.213 millones a las operaciones financieras. No obstante, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (224,6 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (35,1 millones de euros).

De esta manera, la cantidad que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2022 para ejecutar sus políticas asciende a 10.437 millones de euros. Esta cantidad es un 6,7 % superior a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 654 millones de euros adicionales.

El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2022 revela que de los 11.238 millones de euros de ingresos no financieros -un 8,74 % más que en el pasado ejercicio- 6.862 millones de euros corresponden al modelo de financiación autonómica, cuantía que aumenta tan solo un 1,53 % y que se considera insuficiente para atender los gastos de los servicios públicos esenciales, que se han elevado en el último año como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria.

Las Cuentas de 2022 presentan dos singularidades en este apartado. Por una parte, los ingresos de capital crecen de forma importante, fundamentalmente por la inclusión por primera vez de los fondos Europeos de Nueva Generación. Concretamente, los presupuestos de Castilla y León para el nuevo ejercicio cuentan con 624,4 millones de euros procedentes de estos fondos europeos para impulsar la recuperación económica.

Por otro lado, se incluyen las cantidades debidas a la Comunidad en la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que suman 190 millones de euros, cantidad que contribuirá a financiar las inversiones y el área social.

En cuanto a la emisión de deuda, esta se reduce un 18,88 %, cumpliendo así el déficit de referencia regional fijado por el Estado para 2022, que baja del -1,1 % al -0,6 %.

La prestación de los servicios públicos fundamentales se convierte, de nuevo, en la primera prioridad del Ejecutivo autonómico. De ahí que Sanidad, Educación y Familia aglutinen más del 78% del gasto no financiero de las consejerías, ya que las tres sociales gestionarán 8.166 millones de euros el próximo ejercicio, cifra que se eleva hasta el 83 % de gasto social considerando educación, sanidad, familia, vivienda y políticas activas de empleo.

La Consejería de Sanidad dispondrá de 4.449 millones, el 2 % más que en el ejercicio pasado, para continuar haciendo frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. Por su parte, la Consejería de Educación contará con 2.501 millones (sube un 6%) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de 1.216 millones, lo que supone un incremento del 12,5%. Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 87,2 % del total de los gastos de personal, capítulo que cuenta con un total de 4.404 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,52 % respecto a 2021 y el 34,32 % de los gastos totales.

Asimismo se ha estimado una subida salarial del 2% para todos los empleados públicos, además de presupuestarse la carrera profesional horizontal de los empleados públicos.

Por otra parte, se incrementan de forma moderada los gastos corrientes en bienes y servicios, hasta alcanzar los 1.850 millones de euros, representando el 14,41 % de los gastos totales. Cabe destacar que el 94,5% corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios en las áreas sociales, concretamente 1.748 millones, que se destinarán a gastos como el mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros.

De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 94,5 % del montante de las transferencias corrientes, capítulo que alcanza los 3.126 millones de euros, el 24,36% de los gastos totales. De este modo 2.082 millones se destinan a las consejerías sociales, para hacer frente a facturas derivadas del mantenimiento de las universidades públicas, centros de enseñanza concertados, farmacia y dependencia, entre otros. Este capítulo, que permanece estable con un ligero aumento del 0,53% respecto a 2021, incluye 924 millones para la PAC.

Las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio destinan 2.010 millones en gastos de capital, destinados a inversiones que contribuyan a modernizar y seguir transformando la economía de la Comunidad. Así, los gastos de capital aumentan un 26% respecto a 2021 -lo que supone contar con 415 millones más-, y concentra los mayores volúmenes de inversión en las áreas de Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Empleo e Industria.

Asimismo se incrementan las inversiones reales un 39%, situándose en los 935 millones, para contribuir al crecimiento de Castilla y León. De ellas, el 56,78% se destina a los sectores económicos (531 millones) -lo que supone un aumento del 29,8 %- y el 41,24% corresponde a las consejerías del área social.

Las transferencias de capital aumentan un 16,5 % hasta los 1.075 millones, destacando que el 83,5% se destinarán a impulsar la economía de la Comunidad. Respecto a los gastos de la deuda pública, se reducen un 8,62%, hasta los 1.300 millones de euros, lo que supone un 10% de los gastos totales.

La protección de las políticas sociales se conjuga con el impulso de la economía y la recuperación de la actividad económica y el empleo, lo que se traslada al apoyo de la Junta de Castilla y León a los sectores productivos.

Un apoyo que se traduce en incentivar a las empresas a través de los 483 millones de euros destinados a ayudas directas, 58 millones en apoyos financieros y 1.150 en avales. Todo ello será mayoritariamente gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda, que dispondrá de un presupuesto de 426 millones de euros.

Además, para dinamizar el mercado laboral con actuaciones de formación para el empleo, economía social y programas de mejora de empleabilidad se destinan 397 millones, con un crecimiento del 15,27%, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria (que gestionará 411 millones del presupuesto) y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social.

El impulso económico está ligado al proceso de modernización y digitalización de Castilla y León, para lo que las cuentas de la Junta para 2022 reservan 398 millones de euros para políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 34,5% y cuyo peso supera el 3,8 % del gasto no financiero de las consejerías. Todo ello para impulsar transacciones hacia una economía regional verde, más digitalizada y donde se generen oportunidades de futuro.

Otra de las áreas que ocupa especial relevancia en el proyecto de presupuestos aprobado hoy es el medio rural y la apuesta por quienes lo sustentan. De esta manera se busca contribuir a la cohesión territorial fomentando las oportunidades en el mundo rural para luchar contra la despoblación.

Así, al sector agrario se destinan 1.498 millones de euros, incluyendo los 924 millones de la PAC. En total, el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se eleva a 573 millones, con un crecimiento del 9,41%.

Respecto al medio ambiente, la dotación para estos programas se incrementa el 21%, llegando a los 205 millones. En este sentido, el esfuerzo económico se aumenta en un 71% en lo que a inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua se refiere, con 14 millones. Todo ello gestionado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que gestionará 692 millones.

Por otra parte, las cuentas para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 448,29 millones de euros, lo que implica un incremento del 29% respecto a los presupuestos de 2021.

La coordinación con las entidades locales le corresponde a la Consejería de la Presidencia, que contará con un presupuesto de 132,2 millones. Por su parte, a Cultura y Turismo le corresponden 149,9 millones y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior contará con 22,5 millones.

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