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Jueves, 19 de enero 2023, 18:12
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, vivió este jueves una de las ruedas de prensa más difíciles de su dilatada trayectoria política. Tenía que explicar lo inexplicable y puso todo el empeño en ello. Hasta el Financial Times acudió a su comparecencia para preguntar por el estado de salud del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la región.
Fernández Carriedo respondió de forma muy confusa a las innumerables preguntas de los periodistas. No obstante, se pudo descifrar de sus declaraciones que la Junta de Castilla y León no va a modificar el protocolo sobre el aborto en la comunidad autónoma; y que se dejará en manos de los médicos la aplicación de las medidas anunciadas la semana pasada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y que han desatado la polémica.
En este sentido, el portavoz de la Junta insistió en que las medidas están recogidas en la nota de prensa que publicó el jueves pasado la consejería de Sanidad, de tal forma que están vigentes, aunque en ningún momento quiso explicar cómo se ha informado a los facultativos de ellas.
La línea argumental de Carriedo fue intentar demostrar que estas medidas suponen una mejora en la cartera de servicios hacia las mujeres embarazadas y no tienen nada que ver con un protocolo antiaborto.
No obstante, reconoció que quizás se equivocó en la rueda de prensa del pasado jueves al no replicar de alguna manera al vicepresidente de la Junta al enfocar el tema como medidas provida.
Rechazo al requerimiento
Por eso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves rechazar el requerimiento de incompetencia presentado por el Gobierno central esta semana que planteaba la incompetencia del Consejo de Gobierno de Castilla y León en relación a actuaciones que menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dado que no se ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.
La Junta de Castilla y León manifiesta en su escrito de contestación “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, ya que el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia se niega rotundamente.
Otro de los fundamentos que justifican el rechazo a la solicitud del Gobierno de la Nación es que, dado que no hay un hecho impugnable, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza, que es que “se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia”; algo que no ha podido hacer el Gobierno porque no existe acto alguno que impugnar.
Además, el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando ni siquiera discute “la titularidad de la competencia”, sino su “hipotético ejercicio” por parte de la Administración autonómica. Por tanto, la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.
La Junta de Castilla y León ha rechazado el requerimiento del Estado, que sólo se entiende desde “una voluntad torticera y espuria” ya que, “de forma proactiva e inmediata”, el Ejecutivo de la Comunidad, a través de su presidente y del consejero de Sanidad –competente en la materia–, habían dado respuesta y explicaciones a las solicitudes del Gobierno, negando la existencia de ningún acuerdo que contraviniera la Ley. Este requerimiento sólo se justifica en la búsqueda de una “controversia política”, “pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.
Adelanto electoral
Por otra parte, el portavoz de la Junta, insistió en que el Gobierno de coalición en la región sigue “haciendo cosas útiles” por la comunidad y que corresponde al presidente de la Junta si es necesario un adelanto electoral en la comunidad.
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