Castilla y León registra 155 denuncias por ‘okupaciones’ en el primer semestre

Castilla y León registró un total de 155 denuncias por ‘okupaciones’ durante el primer semestre, casi la mitad (71) en Valladolid, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press. La comunidad es una de las autonomías menos afectadas por este tipo de delito que en el conjunto de España afectó a cerca de 9.000 viviendas, cerca de la mitad en Cataluña.

Por provincias, Valladolid contabilizó cerca de la mitad de las denuncias, un total de 71, seguida de Burgos (19), León (15), Salamanca (14), Segovia (11), Ávila (10), Palencia (9) y Soria y Zamora (3), estas dos últimas son de las provincias menos afectadas del país.

A nivel nacional, el número total de denuncias por ocupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones. La comunidad con menos ocupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año.

Estos son los datos que el Gobierno ha remitido a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en Cataluña. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Interior achaca “el incremento de este tipo de delitos en los últimos años” a la “coincidencia de diversos factores”.

En concreto, destaca dos: que hay un “elevado número de inmuebles vacíos” y también de “personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid, la crisis de logística y de producción internacional”, agravada por la invasión de Ucrania, y su “grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos”.

Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.

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