Las reivindicaciones para el campo salmantino de UPA y COAG

Los representantes de UPA y de COAG en Salamanca analizan el sector agrícola y ganadero y muestran sus reivindicaciones.

La ley de la Cadena Alimentaria es uno de los obstáculos con los que tropiezan los profesionales del campo y tal como señala el presidente de UPA en Salamanca, Carlos Sánchez: «la norma dice que no se debe vender por debajo de los costes de producción y aquí hemos protestado en Babilafuente porque la tonelada de maíz aquí está a 270 euros y en la planta de combustible lo que entra es de fuera, ronda los 200 euros y no lo compra a los agricultores de aquí, además es producto transgénico, algo que en Europa está prohibido cultivar, con lo que los costes de producción nos impiden ser competitivos».

La aplicación de las llamadas «cláusulas espejo» es otra de sus reivindicaciones más firmes, «porque aquí la normativa interna es muy exigente y lo de fuera entra sin tener que cumplir las mismas normas que nosotros. Queremos que todo lo que se exija a a un productor europeo se exija igual con el producto que entre de fuera. Nos encontramos con alimentos que vienen de Marruecos, producidos con productos que aquí están prohibidos por ser peligrosos para el ser humano, o con dosis superiores a las que se permiten en Europa. El último ejemplo lo tenemos en las fresas contaminadas con hepatitis. ¿ Ese es el control que está haciendo la UE?. No puede haber medias tintas y por eso el sector está protestando en la calle, porque Europa está haciendo dejación de funciones».

Las movilizaciones van a seguir adelante, «un porcentaje muy amplio de lo que pedimos es responsabilidad de la Unión Europea y hay que tener en cuenta que los profesionales del campo somos un 4%, pero le damos de comer al 100% de Europa. No podemos depender de terceros países para comer, porque no se sabe qué puede pasar en el futuro».

La falta de relevo en el campo es otro de los obstáculos a los que se enfrentan, puesto que las estadísticas indican que el 55% de los profesionales tiene más de 55 años, «los jóvenes no se quedan por la falta de rentabilidad, el papeleo masivo al que deben enfrentarse y la cantidad de burocracia que exigen las distintas Administraciones», concluye Carlos Sánchez.

Negociar, para sacar adelante las modificaciones de la actual normativa que atenaza a los profesionales del campo. Esa es la máxima con la que se identifica José Manuel Cortés, al frente de COAG en Salamanca. «Entre los objetivos fundamentales está que se retiren las BCAM que amenazan en Salamanca el futuro del regadío, como es la número 7 sobre la obligación a las rotaciones. Planas nos dio esperanzas sobre la eliminación total, pero ahora hablan de aplazamiento de su entrada en vigor. Eso es «pan para hoy, y hambre para mañana» porque no hace mas que alargar la agonía del sector y zonas como La Maya y Babilafuente se verían muy afectadas. La única solución es seguir apretando con las movilizaciones porque el problema viene en las medidas que se diseñan en Bruselas y no nos tienen en cuenta».

Otro asunto crítico es, en el ámbito ganadero, el necesario arreglo del Plan Nacional de Erradicación de Enfermedades, «es momento de que hagan concesiones razonables, porque hay asuntos que afectan a Salamanca, que hay que recordar que es la provincia con más cabezas de vacuno del país. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se acorten plazos y burocracia para la recuperación de las calificaciones para poder vender a cebaderos y mataderos y que no haga falta en los terneros que pasen saneamiento, porque el 80% que salen son falsos positivos» , recalca Cortes. También está presente entre sus reivindicaciones que se saque al lobo del grupo de especies protegidas, «porque es un capricho de Teresa Ribera y en Europa ya han dicho que no necesita una especial protección. No pretendemos acaban con el lobo, pero si no se cambia esta situación lo que se perderán serán ganaderías», señaló tajante.

Las quejas sobre la situación del sector también pasan por el tratamiento fiscal que reciben y el representante de COAG apunta que «se necesita aumentar las cuantía en el módulo. Es necesario adecuar la fiscalidad a la realidad del campo». En cuanto a condicionalidad explica, «no es posible que a las explotaciones de más 30 hectáreas se les exija 3 cultivos distintos, y las energéticas pueden colocar 800 hectáreas y no tengas limitaciones».

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