Prohibida la venta a pérdidas tras la reforma de la Ley de cadena alimentaria

La reforma, aprobada este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, supone la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales. Finalmente, recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, tras el acuerdo alcanzado a última hora por PSOE y Unidas Podemos.

El texto de la enmienda aprobada, al que ha tenido acceso Europa Press, obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición. En las últimas semanas, el PSOE se había desmarcado de esta extensión, limitando la prohibición en venta final a los términos de venta desleal, según se establece en la Ley de Comercio Minorista. Finalmente, el acuerdo arrancado por el socio minoritario lo extiende a todos los eslabones, en línea de las reivindicaciones del sector.

Otras enmiendas aprobadas pasan por incluir al llamado canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el ámbito de aplicación de la ley a partir de 2023 incluyendo a actividades de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 en el caso a los servicios de alojamientos.

Uno de los cambios, por ejemplo, incluido a petición de ERC, PDeCAT, Junts y Compromís, acaba con la cláusula que obliga a expresar el reconocimiento de costes en los contratos.

La oposición también ha incluido una enmienda para facultar al Observatorio de la Cadena Alimentaria a elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Asimismo, se recogen determinadas garantías para la persona que denuncie incumplimientos, garantizando la confidencialidad del denunciante en todo momento, y presumiendo la confidencialidad de sus pruebas aportadas salvo que indique lo contrario.

Por otro lado, el Congreso también ha aprobado una enmienda, impulsada por Nueva Canarias, para reconocer en la ley la singularidad del plátano canario, y que, a la hora de determinarse su coste efectivo, puedan computarse las ayudas directas o indirectas que perciba el productor de la explotación.

La portavoz del PP, Milagros Marcos, ha llamado al Gobierno a la reflexión cuando tantos sectores piden ser excluidos de esta regulación y ha criticado la falta de negociación del Ejecutivo. Anticipa que habrá productos, como el aceite, que quedarán fuera de mercados.