Nuevas propuestas ambientales de Bruselas con notable impacto agrario

La Comisión Europea presentó la semana pasada dos importantes propuestas dirigidas a cumplir algunos de los objetivos incluidos en el Pacto Verde. La primera de ellas supone una revisión de la normativa sobre uso sostenible de fitosanitarios, que debería permitir lograr una reducción del 50% del uso y el riesgo de los pesticidas químicos y del uso de las sustancias más peligrosas para el año 2030.

Del texto presentado por Bruselas puede destacarse, en primer lugar, que la disposición será un reglamento y no una directiva, como hasta ahora. El reglamento es directamente aplicable desde que se publica y obliga a todos los Estados miembros. En segundo lugar, que habrá objetivos de reducción del uso de fitosanitarios químicos para cada Estado miembro. Será cada país el que fije en qué porcentaje reduce el consumo de estos productos teniendo en cuenta unos criterios establecidos a nivel comunitario. Se tendrá en cuenta, en concreto, el nivel de uso actual de fitosanitarios de cada país, los esfuerzos realizados para reducir su consumo en los últimos años y la peligrosidad de las sustancias.

De ahí resultará que no todos los Estados miembros tendrán que hacer el mismo esfuerzo. Algunos no tendrán que llegar a ese 50% de reducción (aunque sí a un mínimo del 35%) y otros tendrán que realizar un esfuerzo de hasta el 65%. El resultado final tiene que ser una reducción del 50% a nivel comunitario en 2030 con respecto a la media del período 2015-2017. Para alcanzar su objetivo, cada país tendrá que contar con un plan de acción nacional con medidas concretas.

Por otro lado, se dará prioridad a los métodos de lucha integrada contra las plagas y el uso de sustancias químicas será el último recurso. Y, por último, la propuesta prohíbe el uso de todo tipo de pesticidas en las áreas consideradas sensibles, en particular en los espacios protegidos de la red Natura 2000.

Más costes y menores rendimientos. La Comisión ha reconocido que estas disposiciones pueden traducirse en un incremento de los costes de producción de los agricultores y en una caída de los rendimientos de los cultivos. Para afrontar estos impactos negativos ha anunciado que permitirá a los Estados miembros, durante un período de cinco años, conceder ayudas a la implantación de métodos de lucha integrada contra plagas en la futura PAC, dentro de los ecoesquemas o de las medidas agroambientales. Bruselas también cuenta con el desarrollo de soluciones técnicas, como la agricultura de precisión o las nuevas técnicas de selección vegetal y ha anunciado, una vez más, que se acelerará la salida al mercado de alternativas ecológicas y de bajo riesgo.

La segunda propuesta de tinte medioambiental presentada por Bruselas es la Ley de Restauración de la Naturaleza, también en forma de reglamento. El objetivo de la misma es reparar el 80% de los hábitats europeos que se encuentran en malas condiciones y restaurar la naturaleza en todos los ecosistemas, entre ellos los agrícolas. Para estos plantea un aumento general de la biodiversidad, con incremento de las poblaciones de mariposas, pájaros y polinizadores y con incremento del carbono orgánico en los suelos. Contempla, por otro lado, la restauración y rehumidificación de las turberas drenadas para uso agrícola.

Bruselas ha aclarado que la propuesta no recoge obligaciones directas para los propietarios de tierras, los agricultores o los administradores de bosques, sino para los Estados miembros, que serán los que adopten las medidas concretas a aplicar.

Hay que recordar que tanto este texto como el relativo al uso de fitosanitarios son propuestas. Ahora tienen que pasar por el Consejo de Ministros y por el Parlamento Europeo, un proceso que puede ser bastante largo.

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