Las multas que quedan de las tractoradas

De las tractoradas de febrero de 2024 quedan los avances conseguidos -para unos importantes y, para otros, apenas cambiaron la situación del sector- y las multas por los días de las protestas. En Salamanca, al final, y según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, fueron 134 las propuestas de sanciones de 601 euros por infracciones de desobediencia. A pesar de que por «pronto pago» se reducía al 50 % el importe, sólo se decidió el abono voluntario de 30 de ellas. Pasado un año, las propuestas de sanción enviadas a Hacienda y no pagadas son 11; sobreseídas, 34; y están recurridas, 59.

Según informó el Gobierno, en respuesta a la pregunta formulada por los senadores del Partido Popular Esther del Brío, Bienvenido de Arriba y Gonzalo Robles, el motivo de las propuestas de sanción estuvo en que los presuntos infractores, «en reiteradas ocasiones», fueron instados a que despejaran la vía para poder restablecer la circulación «haciendo caso omiso a dichas indicaciones y requerimientos». Los senadores «populares» expusieron que, según el abogado de algunos de los agricultores, «hubo comunicación y colaboración en todo momento».

Los expedientes sancionadores responden a la infracción tipificada en el artículo 36.6 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. El Gobierno mantuvo que no existió ningún tipo de comunicación previa de las acciones llevadas a cabo por los manifestantes el 5 y el 7 de febrero. Entonces, junio de 2024, informaba de que en total las propuestas de sanción en Salamanca asciendan a 252 porque había que sumar a las de seguridad ciudadana (entonces 128) otras 124 de seguridad vial (Tráfico).

Francisco Martín, agricultor de Navales, es uno de los agricultores sancionados. «Tengo dos multas y no he pagado aún ninguna», señaló, e indicó que entregó la comunicación de sanción al abogado de la Plataforma 6F, que se autodenominó así por fijar el inicio de las protestas el 6 de febrero a través de convocatorias en redes sociales, especialmente por grupos de WhatsApp. Aún así, en Salamanca ya salieron los tractores el 2 de febrero de 2024, con cortes en la A-50.

Las tractoradas fueron convocados por los altos costes de la materias primas, contra las importaciones de países extracomunitarios y por el aumento de la burocracia. «Me ha tocado recurrir a través del abogado», explica Francisco Martín, «y estoy ahora a la espera de que contesten». En su caso una propuesta de sanción era de 200 euros y retirada de 4 puntos por desobediencia a la autoridad el 6 de febrero de 2024, en principio por negarse a retirar el tractor ante el requerimiento. Y otra, explica, el 7 de febrero de ese año, cuando «40 ó 50 circulábamos por la carretera de Alba de Tormes hasta la rotonda de E.Leclerc».

Martín fue uno de los que se manifestó también este año con los tractores en el mercado de ganados el pasado 10 de febrero, esta vez llamado por los denominados «agricultores libres» o Unaspi, que empieza a formar grupo en Salamanca. De momento, no piensa en más protestas a la espera de lo que ocurra con los aranceles «porque parece que la Unión Europea se está dando cuenta de que tiene que apoyar al sector».

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA Salamanca sí recurrieron algunas multas e intercedieron para que la Policía Local retirara las del 8, en la manifestación que convocaron.

«De 400, se quedaron en 11», recuerda Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca. «Somos conscientes de que tenemos que cumplir con las normas», señaló. Las no anuladas quedaron entonces pendientes de estudio para posibilitar el cambio de sanción «de grave a leve», con una reducción de 200, a 40 euros.

Carlos Sánchez, recién reelegido secretario general de UPA_Salamanca, señaló que siguen «en lucha permanente» contra los bajos precios del cereal y el coste alto de producción. «En la última protesta, en Babilafuente, se habló de seguir, pero hay que ver qué ocurre con Trump y luego, que acuda la gente». En estas fechas apunta que es complicado por la fuerte actividad en el campo que se espera una vez que terminen las lluvias y se pueda entrar en las tierras para realizar labores.

ASAJA, COAG y UPA Castilla y León se manifestaron el pasado 17 de febrero en Babilafuente, frente a la planta de bioetanol. Entonces, los dirigentes regionales de estas organizaciones, Donaciano Dujo, Lorenzo Ramos y Aurelio González, respectivamente, resaltaron que ahora, por los altos costes y los precios bajos, aún en buenos años agrarios «la rentabilidad es muy baja o, en ocasiones, incluso ninguna«.

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