Milagros Marcos advierte: “Si hubiera una plaga de topillos, con la nueva Ley de Bienestar Animal no se les podría matar”

¿Por qué votó en contra de la Ley de Bienestar Animal?

—Es una ley caótica, chapucera, que va en contra del sentido común y perjudica al bienestar. No reduce ni controla el maltrato. Con ella, si hay plaga de topillos, no se pueden matar. O invasión de palomas en un edificio histórico. O si tienes una serpiente en casa, no se puede actuar.

Salvo que se demuestre que es por salud pública, ¿no?

—Sí pero habría que demostrarlo y ver de quién es la opinión que mide eso porque es un “profesional de comportamiento animal”. Va a decidir una persona a la que no se le exige formación.

Ha denunciado que un problema es cómo se va a poner en marcha porque carece de presupuesto. ¿De dónde cree que saldrá el dinero?

—Teóricamente, con las multas millonarias que piensan poner.

¿Se exige al final que el perro pastor esté geolocalizado o que el ganadero esté en el registro de criador?

—No, quedan fuera. De todas formas confío en que no llegue a entrar en vigor porque para su desarrollo puede tardarse entre 6 meses y 1 año porque antes hay que cambiar normativas autonómicas. Al menos conseguimos que los animales de trabajo quedaran fuera de esta ley porque es mala y no beneficia a los animales. Las leyes autonómicas incluyen a todos los animales.

¿Cree que es necesaria una ley de bienestar animal en España?

—Se podría hacer, pero valorándolo. Ahora mismo todas las comunidades autónomas tienen su normativa de bienestar animal y los animales auxiliares, su regulación específica. De todas formas sería hablar con todo el sector implicado, con científicos, veterinarios... Hay un manifiesto de 800 expertos en contra y el Gobierno no les ha tenido en cuenta para elaborar esta ley, solo a los animalistas. Creo que interesa dar mala imagen fuera de España y es que hasta los datos de maltrato han caído. En todo caso una ley nacional haría falta si hay que mejorar algo o a lo mejor para homogeneizar las normas autonómicas.

¿De qué aportación se siente orgullosa en esta ley?

—Conseguimos que no se derogara lo de las razas potencialmente peligrosas. Ahora en el Senado supongo que no admitirán nada para que sea un trámite rápido.

Sigue además con la PAC, ¿cómo cree que será para Salamanca?

—Las explotaciones grandes podrán mantenerse con el equilibrio de las regiones productivas pero los pequeños lo tienen muy difícil. Adaptarse y cumplir con las exigencias administrativas para que no te sancionen costará 1.000 euros al año a cada perceptor. Es una barbaridad.

¿Qué es lo peor de la nueva PAC?

—Las exigencias para cobrar eco regímenes. Para recibir ese 23% tendrán que reducir la productividad o invertir en algunos casos más de lo que supone ese porcentaje. Luego está la extrema complejidad y coste de tramitación y cumplimiento de controles digitales. La ley prevé dinero para, por ejemplo, el libro de campo digital, pero el ministro ha dicho que lo pone pero no que fuera a haber dinero.