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La nueva Política Agraria Común que entrará en vigor en 2023 y que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado lunes deja para Salamanca, en principio, un panorama gris, según reflejan las organizaciones agrarias. Según indican, y a falta de la “letra pequeña” del pacto nacional, los más perjudicados en principio son los cultivos de regadío, mientras que la dehesa resultaría beneficiada al ganar peso el componente “verde” en esta reforma. En cuanto a los cereales, los pequeños agricultores podrián en principio verse beneficiados por los pagos redistributivos, pero no así los grandes. El regadío se ve perjudicado por la rotación anual obligatoria de la que ya advirtió Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, en el programa “Agropopular”. Señaló que resultaría perjudicial para los agricultores por la dificultad de cambiar de cultivo, de ahí que pidiera que se aplicara al conjunto de la explotación.
Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG se han mostrado muy críticos con la reforma aprobada y los efectos que tendrá para Castilla y León.
Así, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Salamanca, indicó a este periódico que la PAC tal y como se ha aprobado perjudica a Castilla y León porque hay reducción del 2% de ayudas, “por lo que vamos a cobrar menos”; es una PAC medioambiental, “por lo que pondrá condicionantes a la hora de producir o al manejo de la ganadería”; la figura del agricultor genuino queda diluida “por lo que irá a explotaciones profesionales y a aquellas que no lo son a tiempo parcial. Es negativa para los profesionales”, indicó Donaciano Dujo. Y añadió un cuarto punto: que los condicionantes a la producción sean para la Unión Europea y no para los productos que entran de fuera. “Lo que en Marruecos se puede vender en España, en España no se puede producir”. Donaciano Dujo cree que el pacto nacional puede “suavizar el perjuicio pero nunca compensarlo”. Y advierte del peso que tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica en esa “letra pequeña” que cerrará el Ministerio.
Tampoco es optimista Aurelio Pérez, coordinador regional de COAG. Él ya da por hecho que el Ministerio no implantará el ecoesquema único planteado por Castilla y León “lo que es un error” y coincide con ASAJA en el problema de que las exigencias sean para producir en la Unión Europea y no se aplique a lo que viene de fuera. “Los demás tienen libertad para hacer lo que les dé la gana”, dice. Habla de la “dictadura verde” y también critica que reciba lo mismo de la PAC quien vive del campo que quien lo tiene de actividad secundaria.
Quien sí ve bien en principio la PAC es UPA, que mantiene que “abre posibilidades a los pequeños y medianos agricultores españoles”.
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