Las negociaciones sobre el uso de los fitosanitarios podrían retrasarse

Las negociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al uso sostenible de fitosanitarios podrían retrasarse, ahora que el Consejo de la UE ha decidido formalmente pedir un nuevo informe sobre el impacto que tendría ese proyecto, principalmente en los rendimientos de los cultivos y, con ello, en la producción de alimentos y en sus precios. Algunos países, entre ellos España, temen que el texto acabe incluso enterrándose.

La citada propuesta recoge las medidas que deberían permitir lograr el objetivo -recogido en la estrategia “de la granja a la mesa”- de reducir en un 50% el uso y el riesgo de los pesticidas químicos y el uso de las sustancias más peligrosas de aquí al año 2030 y establece objetivos obligatorios por Estados miembros y a nivel comunitario con ese fin.

La propuesta se presentó el pasado mes de junio, acompañada de un análisis de impacto. Sin embargo, los Estados miembros consideran que ese análisis está incompleto, ya que no contemplaba la nueva situación creada por la guerra en Ucrania, con nuevas preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Quieren, por tanto, que presente un estudio adicional y exigen precisiones en diversos ámbitos (rendimientos, disponibilidad de alimentos y posibilidad de una dependencia de las importaciones; precios; carga administrativa; competitividad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias; disponibilidad de alternativas a los productos fitosanitarios; riesgo de propagación de organismos perjudiciales; impacto de la prohibición en las zonas sensibles).

Algunos Estados miembros (como España, Francia, Alemania y los Países Bajos) temen que esta petición retrase las discusiones e incluso que el texto acabe enterrándose. España, en particular, esperaba cerrar este asunto en el segundo semestre de 2023, durante su período de presidencia del Consejo de la UE.

Sin embargo, estos países consideran que no hace falta retrasar el proceso de discusión que ya se ha iniciado y que se puede continuar con los trabajos a nivel técnico mientras la Comisión aporta estos elementos complementarios que se le han solicitado.

Por otro lado, con el fin de ayudar a los sectores más afectados por la escalada de los precios de los insumos -en particular de los abonos- y de la energía, una mayoría de Estados miembros de la UE está de acuerdo con recurrir a la reserva de crisis agrícola de 2023, dotada con 450 millones de euros, una idea que la Comisión Europea plantea en su estrategia sobre los abonos.

Sería el segundo año consecutivo que se activa la reserva, cuya dotación ha salido hasta ahora de aplicar una reducción a las ayudas directas de los agricultores y ganaderos. Por eso precisamente hay algunos países, principalmente Alemania y Dinamarca, que se oponen a utilizar esa reserva, ya que activarla podría suponer volver a aplicar una reducción de los pagos directos, en virtud del llamado mecanismo de disciplina financiera.

En cualquier caso, en la reunión del Consejo Agrícola de la semana pasada, muchos ministros consideraron que este fondo no será suficiente a la vista de las consecuencias de la crisis de los abonos y del gas en ciertos sectores, como los ganaderos.

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, apoyó que la Comisión presente una propuesta para movilizar la reserva de crisis y “ayudar a los agricultores en esta difícil situación de incremento de costes”. Aunque la considera “un instrumento de último recurso, ante situaciones como la presente es necesario hacer uso de todas las herramientas disponibles”, dijo. Planas pidió, sin embargo, que se habiliten medidas de financiación alternativas, más allá de las ayudas de Estado o el uso de esta reserva, para asegurar a los agricultores el abastecimiento necesario de fertilizantes a precios razonables, sobre todo de cara a las siembras de la próxima primavera. El ministro recordó que la subida del precio de los fertilizantes ha hecho que en la sementera de este otoño se hayan utilizado un 30% menos de abonos que en la anterior, lo que puede incidir en una menor productividad y, por tanto, en una reducción de las cosechas.

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