La Junta de Castilla y León se ‘rebela’ y cazará lobos. Esta zona salmantina es candidata

La Junta de Castilla y León también se une al órdago lanzado por Cantabria y Asturias al Gobierno central y, según anunció este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se autorizará cazar lobos en las zonas más castigadas por ataques. Eso sí, lo hará “prudentemente”, dijo, porque primero buscará un soporte legal y dentro de esa coordinación de las comunidades con mayor censo de lobos que son, además de esta comunidad, también Galicia, Asturias y Cantabria. De momento no ha solicitado ningún permiso de caza para ninguna zona concreta, aunque por ejemplo la zona norte de Salamanca está siendo muy castigada por ataques de lobos en las últimas semanas.

Cantabria ha sido la primera en desafiar al Gobierno, que prohibió la caza del lobo el pasado septiembre, y lo ha hecho al dictar tres resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en las que anunciaba la caza de 10 ejemplares en tres zonas de la Comunidad, sin el aval previo del Ministerio para la Transición Ecológica. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno cántabro, Guillermo Blanco, ha asegurado que las resoluciones publicadas vienen respaldadas por informes jurídicos y este miércoles notificó la decisión al Gobierno central. Ahora son los servicios jurídicos del Ministerio que dirige Teresa Ribera los que trabajan sobre las resoluciones del Gobierno cántabro y, según señaló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en función de lo que deduzcan, “actuarán en consecuencia”.

Cantabria se apoya en que los ataques en los municipios de Polaciones, Tudanca, Hermandad del Campoo de Suso, Ruente, Los Tojos, Cabuérniga y mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, son recurrentes y de importancia y cazar esos ejemplares de lobo no afecta a la conservación de la especie, que está protegida.

Asturias también ha anunciado que cazará lobos pero ha optado por una línea más diplomática que la de Cantabria: si el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla ha desafiado abiertamente al Ministerio, el de Adrián Barbón le ha pedido permiso para realizar un control de población en los Picos de Europa, con un informe en el que argumenta la decisión y en el que asegura que no afecta a la conservación de la especie

Si, como parece, Castilla y León se suma, en Salamanca hay una zona, la norte, en la que los ganaderos tienen visitas frecuentes del lobo. En Sardón de los Frailes, Almendra y Villaseco de los Reyes el lobo ha matado en los últimos 15 días 27 ovejas, 19 de ellas de un mismo ganadero. Los más recientes fueron el lunes en Almendra -a una ganadera, Sandra Delgado, a la que mató 5 ejemplares de ovino (2 corderos y 3 ovejas) y a la que en abril ya mató a 7- y el martes, en Villaseco de los Reyes. Allí Ángel Arnés perdió una oveja y mantiene que solo fue esa porque dos mastines se enfrentaron a los lobos e impidieron más bajas en el rebaño. Arnés, al que ya le mataron otras 9 en agosto, pidió que al menos desde las administraciones se les ayude en el mantenimiento y seguro de perros mastines.

Desde el pasado 22 de septiembre, un día después de la publicación en el BOE de la orden que incluye a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Existe desconcierto en relación a la posibilidad de eliminar ejemplares conflictivos, que es lo que se conoce como control poblacional y que ahora intentan aplicar Cantabria, Asturias y también ha anunciado que lo hará Castilla y León. La orden de Transición Ecológica permitía esa posibilidad pero “si no existe otra alternativa”. Tendría que autorizar además ese control el Gobierno central y, según la orden, antes los ganaderos afectados tendrían que haber adoptado medidas de protección.

Las zonas con más lobos mantienen que la orden se hizo de forma “improvisada” y deja sin soporte jurídico a las comunidades, que denuncian el aumento de ataques, y a los ganaderos sin los 20 millones de euros que prometió el Gobierno para medidas preventivas.

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